Por fin fue Santos a ponerle la cara al problema de la migración venezolana, aunque la reunión de Cúcuta es típica de un gobierno que necesita efecto mediático, como las mil y una “cumbres de seguridad” para la foto, tras los mil y uno atentados terroristas. Como si nombrar una Junta Directiva con muchos ministros fuera la solución, o nombrar gerentes para integrar los esfuerzos de un Estado, que deberían ser integrados. O creer que sentar a la ONU en todas las mesas, otra estrategia de Santos, legitima automáticamente sus erráticas decisiones.
Tarde se acuerda el Gobierno de la necesidad de controles efectivos y de la importancia del registro y seguimiento, cuando se estima que, entre repatriados y venezolanos, más de un millón han llegado para quedarse, y cuando se han expedido sin control un millón y medio de Tarjetas de Movilidad Fronteriza y más de 100.000 Permisos Especiales de Permanencia.
El Gobierno trajo al Secretario General de la ONU para darle respaldo a las negociaciones con el ELN, cuando lo urgente era haberlo invitado junto con una delegación de la ACNUR para enfrentar la crisis. En la mesa de Cúcuta no debió estar el Coordinador Residente de la ONU bendiciendo las decisiones de Santos, sino el señor Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Hoy no existe todavía un solo campamento de refugiados en la frontera, no solo para brindarles condiciones dignas de acogida –un asunto de solidaridad–, sino para garantizar los derechos de la ciudadanía a la seguridad, la salubridad y el espacio público.
Demasiado tarde, el Gobierno anuncia el aumento de la fuerza pública para taponar los pasos ilegales, los mismos por los que, durante años, permitió el contrabando de gasolina, ganado y armas.
El Gobierno parece olvidar que Norte de Santander es también el tercer departamento cocalero del país, con control territorial del Eln, disidencias de las Farc y bandas criminales. Si quieren un ejemplo, es patética la declaración del ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, sobre el fracaso de la erradicación voluntaria en ese departamento “porque el Eln no deja”. Y en medio de ese entorno violento, los venezolanos son reclutados y empiezan a aparecer como protagonistas en actos terroristas y delitos en todo el país.
El Gobierno olvida que la frontera es corredor para la retaguardia de las Farc y del Eln en Venezuela. La última reacción del gobierno colombiano por el amparo de Chávez y Maduro a esos narcoterroristas es de julio de 2010, antes de la era Santos, con fotos y coordenadas presentadas por el embajador Hoyos ante la OEA. Desde entonces, silencio total.
La crisis anunciada de los refugiados requería de acciones oportunas y coherentes del Gobierno, algo que no podemos esperar de uno más preocupado por hacer maletas y poner pies en polvorosa.
