El estado moderno nació para eliminar los múltiples poderes feudales y centralizar y cumplir dos funciones fundamentales: justicia y seguridad para asegurar unas condiciones mínimas de tranquilidad para todos los habitantes. Las demás tareas que hacen los estados contemporáneos han venido después.

Sin seguridad los estados son fallidos y fallido venía siendo el Estado colombiano, desbordado por el narcotráfico y los grupos guerrilleros, hasta la reforma del Ejército y el Plan Colombia, que se deben a Pastrana, y la implementación de la política de seguridad democrática de Uribe. Los éxitos de esa política fueron extraordinarios. Los homicidios bajaron a 15.459 en el 2010 y los secuestros de casi 3.000 anuales a menos de 100. El país volvió a vivir. En un círculo virtuoso, retornaron los emprendimientos y la inversión, aumentó la generación de empleo y bajó la pobreza.

Hay que rescatar los pilares sobre los cuales se construyeron esos éxitos. El primero es la voluntad política de vencer a los violentos y derrotar al narcotráfico. Colombia tiene una larga historia de negociaciones con grupos armados violentos. Uribe también lo hizo. Pero con diferencias sustantivas: por un lado, la victoria fue definida en términos de obligar a los violentos, por medio del uso legítimo de la fuerza, a una negociación seria y estratégica. Cerca de 55.000 guerrilleros y miembros de autodefensas se desmovilizaron individual y colectivamente. Por el otro, a diferencia de procesos anteriores, se estableció que no podía haber impunidad sino que los crímenes debían tener sanción efectiva. Así fue. Los jefes de los grupos de autodefensa cumplieron penas de prisión.

Para mal, esa voluntad de triunfo ha desaparecido. No solo eso, hay fracturas políticas, sociales e institucionales sobre cómo enfrentar el narcotráfico y a los violentos. La Corte Constitucional impide la aspersión aérea, la JEP opera para dejar en la impunidad a las Farc mientras que persigue a Uribe y a los militares. Y desde distintos sectores de políticos y de medios se presiona al Gobierno para que le entregue al Eln los mismos beneficios que a las Farc.

Mientras tanto, se han perdido los espacios de colaboración entre la ciudadanía y la Fuerza Pública, fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Los ataques constantes desde tribunales, medios y redes a la Policía y el Ejército van minando su imagen y disminuyendo la confianza ciudadana en sus instituciones. Hay que ponerse en la tarea de reconstruirlas a través de respuestas claras y certeras a las acusaciones, información transparente, investigaciones eficaces y el trabajo con organizaciones internacionales que den legitimidad. Restablecer programas como el de familias guardabosques sería muy útil.

La tercera columna fue la superioridad aérea. Los bombardeos y las operaciones helicotransportadas fueron claves en las neutralizaciones de Cano, Reyes y Jojoy, entre las más significativas. Hoy hay menos aeronaves, menos tripulaciones con autonomía de vuelo, menos presupuesto para operaciones y horas de vuelo y una nube de incertidumbre sobre los límites de esas operaciones por cuenta de escándalos como el de la muerte de unos adolescentes guerrilleros en un campamento de “disidencias” de las Farc.

Finalmente, es fundamental el fortalecimiento y la sofisticación de los aparatos y las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. No son solo los oídos y ojos de la Fuerza Pública. Son también buena parte de su cerebro y su sistema de defensa. La inteligencia es la que define el objetivo y su ubicación, la que entrega la información necesaria para determinar los medios para neutralizarlos, la que señala las ventajas y los riesgos. Llegamos a ser modelos en el mundo y Jaque es prueba de ello. Desde la negociación y la firma del pacto con las Farc esos aparatos fueron objeto de toda clase de ataques y ha sido disminuidos de manera peligrosa. Para rematar, fueron usados como instrumento en pugnas internas.

Los cuatro pilares son indispensables. Hay que trabajar sin descanso en ellos si queremos recuperar el rumbo.