El exrector de la Universidad de Pamplona, Ivaldo Torres, guardaba la esperanza de revertir la sentencia del Consejo de Estado que había declarado la nulidad de su elección para el periodo 2025-2028.
La Opinión conoció ayer que la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela presentada por Torres en tal sentido, lo cual mantiene en firme la nulidad de su elección y confirma que no es posible un tercer mandato consecutivo, que era lo que abrigaba el exrector y varios miembros del Consejo Superior Universitario.
El abogado Martín Santos explicó en su cuenta de X que con dicha acción de tutela se buscaba reabrir el debate sobre la legalidad de la elección, ya resuelto por la Sección Quinta.
“En la práctica, se pretendía utilizar la tutela como una tercera instancia, uso que no corresponde a este mecanismo”, subrayó el profesional del derecho.
Agregó que el fallo de la Sección Primera del Consejo de Estado ratifica que la norma universitaria autoriza reelegir al rector únicamente por una vez de manera consecutiva. Por tanto, un tercer periodo seguido no es jurídicamente viable, aun cuando se haya adelantado una convocatoria pública.
Lea aquí: Presidente Abelardo de la Espriella ordena “vigilancia inmediata” sobre la Universidad de Pamplona
En conclusión, con esta decisión se cierra la vía judicial contra la nulidad de la tercera designación como rector de Ivaldo Torres Chávez y la Universidad de Pamplona deberá avanzar en la designación de su rector conforme al estatuto vigente, sin mayores dilaciones, sostiene Santos.
Denuncia penal por demora en convocar la elección
Paralelo con esta decisión, ayer también se conoció la formulación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investigue la actitud de algunos miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Pamplona y de la misma rectoría encargada para proceder con la convocatoria para la elección del nuevo rector.
La denuncia fue formulada por el representante legal de la veeduría, Alberto Manrique Caballero, quien pidió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, establecer si existe un presunto retardo u omisión injustificada del deber estatutario de iniciar de inmediato el proceso para designar al rector titular.
Lea también: Sin elección y sin reforma sigue el pulso por la rectoría de la Universidad de Pamplona
A juicio de Manrique, algunos de los hechos expuestos podrían revestir características de delito. Por ello, solicitó a la Fiscalía determinar, de manera prioritaria y dada la gravedad que atribuye al asunto, si la conducta individual de uno o varios integrantes del CSU podría adecuarse al delito de prevaricato por omisión, previsto en el artículo 414 del Código Penal, así como a otras conductas que considera susceptibles de investigación.
Los argumentos de la denuncia
Para sustentar su denuncia, Manrique expuso que la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de segunda instancia del 2 de julio de 2026, declaró la nulidad del Acuerdo 051 de 2024.
Según Manrique, la Sala concluyó, entre otros aspectos, que el CSU no podía elegir a Torres Chávez para un tercer periodo consecutivo, debido a que el artículo 26 del Estatuto General solo permitía la reelección consecutiva por una ocasión.
Como consecuencia de la vacancia definitiva de la Rectoría, el CSU expidió el Acuerdo 047 del 31 de julio de 2026, mediante el cual efectuó un encargo mientras se encontraba vacante el cargo. La Universidad informó públicamente que Laura Patricia Villamizar Carrillo asumió la Rectoría en calidad de encargada.
Manrique enfatizó en su denuncia que, pese a que el artículo 31 del Acuerdo 027 de 2002 establece que, ante la vacancia definitiva del rector, el CSU designará un rector encargado hasta por 45 días e iniciará de inmediato el proceso para la designación del rector titular, “hecho al que no se le ha dado cumplimiento, a la fecha”.
Lea además: Polémica en colegio de Villa del Rosario por tarea sobre las Farc y el Eln
Debate sobre la reforma del Estatuto
Frente a esta situación, Manrique sostiene en su denuncia que, pese al mandato estatutario, durante las sesiones posteriores a la vacancia se han presentado y discutido iniciativas para modificar los artículos 25, 26, 27 y 28 del Estatuto General, incluidas disposiciones relacionadas con la reelección y el procedimiento para la designación del rector.
“En esas reuniones, según la documentación disponible, se ha dedicado la actuación del CSU a debatir cambios estatutarios sin que se hubiera materializado oportunamente el cronograma necesario para iniciar el proceso ordinario de selección del rector titular”, señala la denuncia.
El representante de la veeduría agrega que, al 22 de septiembre de 2026, habían transcurrido más de 45 días desde la expedición del Acuerdo 047 del 31 de julio.
Ese lapso supera el término máximo del encargo contemplado en el artículo 31 del Estatuto General. “Sin que ello signifique, por sí solo, que el titular debiera necesariamente estar posesionado dentro de ese mismo plazo; sí evidencia, no obstante, la necesidad de verificar si el proceso fue realmente iniciado ‘de inmediato’, como ordena la norma”, sostiene Manrique.
Lea también: FAC confirma que el único satélite de Colombia salió de órbita y que el gobierno Petro ya lo sabía
En la sesión del CSU del 22 de septiembre de 2026, según la información incorporada en la denuncia y que deberá ser verificada mediante el acta, la grabación y el registro oficial de votación, se sometió a consideración un cronograma destinado a iniciar el proceso de elección o designación del rector titular. La propuesta fue votada negativamente y, por tanto, no quedó aprobada.
Una situación similar se presentó en la sesión extraordinaria realizada este lunes en Pamplona, que terminó sin decisiones.
La danza de los millones
Mientras todo esto estaba en curso en los estrados judiciales, y el CSU y la rectoría se mantenían empeñados en reformar los estatutos para permitirle a Torres su participación en una eventual elección para rector, la Veeduría Prodefensa de la Universidad denunció que una de las cosas que no se frenó durante la vacancia en la Rectoría fue la contratación en el alma mater.
Voceros le dijeron ayer a La Opinión que la rectora encargada, Laura Patricia Villamizar Carrillo, contrató, a finales de agosto del presente año, una suma cercana a los $35.000 millones en tan solo dos contratos: uno para construir el auditorio de la sede de Villa del Rosario, por $19.979 millones, y el otro, por $14.798 millones, para la construcción de obras de adecuación en el Bloque Comercio de la Universidad de Pamplona.
Algo que, en este sentido, recriminó la veeduría es que “hay plata para cemento, pero no para los insumos del programa de Biología”, cuyos estudiantes se mantienen en protesta desde hace dos días por este motivo.
Lea además: UNP señala que algunos exfuncionarios de Petro aún no devuelven vehículos de protección
Investigación del Ministerio de Educación
La ministra anunció el fin de semana que esta semana expertos de su cartera realizarán una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Pamplona, con el propósito de verificar las denuncias relacionadas con posibles irregularidades en materia contractual.
Además, desde el pasado 4 de septiembre, su despacho ordenó la apertura de una investigación administrativa preliminar a la Universidad de Pamplona, sus directivos y órganos de administración y control, mediante la Resolución 024428 del 4 de septiembre de 2026.
Las actuaciones, a cargo del Viceministerio de Educación Superior, se sustentan en la Ley 30 de 1992, la Ley 1740 de 2014, el Decreto 2269 de 2023 y demás normas concordantes.
La apertura de esta investigación tiene entre sus elementos de análisis la sentencia del 2 de julio de 2026 del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad del acto de elección de Ivaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
