El director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, reveló ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes los costos en los que incurrió la entidad entre marzo de 2025 y septiembre de 2026 en los esquemas de seguridad asignados por el gobierno de Gustavo Petro.
En medio de su rendición de cuenta, uno de los datos entregados correspondió a lo que se destinó de recursos públicos para proteger a personas como Juliana Guerrero, pues a la cuestionada exaspirante al viceministerio de Juventudes se le asignó un grupo de escoltas y camioneta blindada.
De acuerdo con Blanco, el esquema de seguridad de Guerrero le costó al Estado un total de $739 millones. Los detalles específicos del número de escoltas y demás se mantuvieron bajo reserva legal ante el Legislativo.
Mientras Juliana Guerrero obtenía este esquema, enfrentaba investigaciones por la falsificación de sus títulos profesionales para acceder a cargos públicos, algo que efectivamente fue demostrado el pasado 9 de septiembre de 2026 cuando recibió una condena de 3 años de prisión por el delito de fraude procesal, esto tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.
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Esta no fue la única inconsistencia revelada por el director de la UNP ante el Congreso. Blanco denunció inconsistencias en la estructura histórica de personal, señalando un incremento desproporcionado en la contratación mediante órdenes de prestación de servicios (OPS).
Según la información compartida ante los representantes, mientras en la entidad se ha manejado un promedio de 900 OPS, la administración de De la Espriella recibe a una Unidad cuyo censo de contratistas asciende a los 2.800 OPS con honorarios que oscilan entre 12 y 13 millones de pesos.
Por otra parte, La UNP actualmente atiende a 12.000 personas protegidas, esto teniendo en cuenta medidas básicas como chalecos antibalas, subsidios y comunicación hasta esquemas de alta seguridad, esto dependiendo de las evaluaciones de riesgo.
Justamente, son estas justificaciones las que está revisando la Procuraduría General de la Nación, quien mantiene vigentes las investigaciones sobre la asignación de esquemas de protección a las jóvenes Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, esto bajo la premisa de que se otorgaron medidas de seguridad de alto costo pese a no registrarse un riesgo real comprobable.
En su informe, el director de la UNP también denunció una presunta obstrucción a la reasignación de esquemas, pues exministros y excongresistas han omitido la devolución de vehículos blindados tras finalizar sus cargos, algo que dificulta la transición de medidas hacia nuevos agentes estatales que sí cumplen con los criterios de riesgo.
Tomado de El Colombiano.
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