La sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Pamplona terminó ayer sin decisiones sobre los dos asuntos que concentraban la atención de la comunidad universitaria: el cronograma para elegir al próximo rector y la propuesta de reforma al Estatuto General.
La reunión, realizada en el Club Comercio de Cúcuta, había sido convocada en medio de la expectativa por conocer las fechas y condiciones del nuevo proceso de designación del rector, luego de la anulación de la elección de Ivaldo Torres Chávez para el periodo 2025-2028. En diciembre de 2024, el Consejo Superior había designado a Torres con ocho votos y una abstención, mediante el Acuerdo 051.
La reforma estatutaria era otro de los puntos que generaba mayor interés. Sectores de la Universidad, entre ellos estudiantes y la Veeduría Pro Defensa de la Universidad de Pamplona, han cuestionado la posibilidad de modificar las reglas antes de abrir nuevamente la convocatoria, al considerar que los cambios podrían incidir en las condiciones de participación de Torres.
Una sesión sin decisiones
A la reunión asistieron los integrantes del Consejo Superior Universitario, entre ellos Farid Rafael Villalba, representante de las autoridades académicas; José del Carmen Santiago Guevara, representante de los docentes; Luis Alberto Garzón, representante de los estudiantes; José Antonio Gélvez, representante de los egresados, y monseñor Luis Ernesto Mendoza Suárez, representante del sector productivo.
También estuvieron la rectora encargada, Laura Patricia Villamizar; la secretaria del Consejo Superior Universitario, Andrea Carolina Araque, y Sonia Arango, delegada del gobernador William Villamizar en la presidencia del organismo. La sesión contó además con la presencia del director jurídico de la Universidad y de un abogado externo, quienes expusieron argumentos relacionados con la propuesta de modificación del Estatuto General.
Pese a las intervenciones jurídicas, la reforma no fue sometida a consideración de los consejeros. Según conoció este diario, durante la reunión hubo insistencia para avanzar con el proyecto, pero no se alcanzó el respaldo necesario para llevarlo a votación. El asunto quedó aplazado y la propuesta podría volver a ser discutida en la sesión prevista para el próximo 2 de octubre.
La rectora Laura Patricia Villamizar y Sonia Arango, esta última presidenta del Consejo Superior Universitario, fueron consultadas al término de la reunión sobre las conclusiones del encuentro, pero no entregaron declaraciones.
El estatuto vuelve al centro de la disputa
La discusión sobre la reforma no es un asunto menor. El Estatuto General de la Universidad de Pamplona está contenido en el Acuerdo 027 del 25 de abril de 2002 y hace parte del conjunto de normas que regulan la estructura y el funcionamiento de la institución. Por eso, cualquier modificación antes de la nueva convocatoria para elegir rector puede tener incidencia en las condiciones bajo las cuales se desarrollará el proceso.
La Veeduría Pro Defensa de la Universidad de Pamplona sostuvo ayer que la falta de decisiones sobre los puntos centrales de la agenda podría interpretarse como una forma de aplazar el proceso. Según el organismo de vigilancia, ese aplazamiento permitiría ganar tiempo para buscar los respaldos necesarios a una reforma que eventualmente habilite la participación de Torres.
El debate adquiere mayor relevancia porque la elección de Torres para el periodo 2025-2028 ya había sido formalizada mediante el Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024. El documento oficial señala que su designación se produjo después de agotarse las etapas previstas en el cronograma aprobado por el propio Consejo Superior.
Lea también: choque del Gobierno y pide atacar problemas estructurales
¿Qué viene para la Universidad?
La Universidad de Pamplona deberá definir ahora cuándo y bajo qué reglas abrirá nuevamente el proceso para proveer en propiedad la rectoría.
A partir de la ejecutoria del fallo del Consejo de Estado y en cumplimiento de este, con el nombramiento de la rectora encargada debía iniciarse también el proceso de elección del rector, tal como lo contempla el artículo 31 del Estatuto General de la Universidad, señala la Veeduría Pro Defensa.
También llevó la discusión al terreno financiero. El organismo sostiene que detrás de la disputa por la rectoría existe además un interés por el manejo de los recursos de la institución y afirmó que durante los dos periodos en los que Torres estuvo al frente de la Universidad se ejecutaron alrededor de 1,7 billones de pesos.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
