El sector minero-energético es estratégico y de seguridad nacional para Colombia. De él depende el motor de la economía y la sostenibilidad de la política social. Es de vital importancia su articulación con los sectores ambiental y social, para su mutua sostenibilidad. Su liderazgo político desde el ministerio de minas y energía no admite improvisación que ponga en peligro la soberanía e independencia energética del país.

La ministra de minas, quien hasta ahora por sus declaraciones deja muchas dudas y confusiones, tiene la responsabilidad de garantizar el abastecimiento de todos los energéticos que necesita el país para operar; como el combustible para que los alimentos se puedan transportar, los aviones que necesitan volar, el transporte público y las personas que lo requieren para su libre movilización. Todos los colombianos esperan que sus estufas funcionen con electricidad o gas y recibir un servicio público de energía de óptima calidad. Las empresas también esperan recibir energéticos de calidad y a precios razonables para operar sus plantas y calderas.

En medio de estos debates, últimamente bastante ideologizados, hay una ciudadanía que confía en un Estado que garantice la prestación de servicios públicos esenciales eficientes, oportunos, de manera continua e ininterrumpida, con libertad de competencia y sin abuso de la posición dominante.

En el marco de una agenda global de transición energética, Colombia tiene que ser capaz de poner a sus ciudadanos primero, con energía limpia y asequible, mientras contribuye al cumplimiento de las metas globales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales Colombia es responsable con apenas un 0,2%.

Por eso, se requiere focalizar los esfuerzos coordinados en el primer problema ambiental del país que es la deforestación, presionada por el narcotráfico, la ganadería extensiva, la minería ilegal y el despojo de tierras. Además, se requiere que desde el Gobierno Nacional se aborde el tema con responsabilidad, desde posiciones técnicas concretas, fundamentadas en la evidencia, con respeto por los gremios, la prensa y el país, sin evasivas; con reglas de juego claras para la seguridad jurídica y política del sector minero energético.

Entretanto

La Ley 1828 de 2017 es el marco normativo de la responsabilidad ética y disciplinaria de los congresistas, por conductas indecorosas, irregulares o inmorales en que puedan incurrir. ¿Actuará la Comisión de Ética del Senado, en el bochornoso episodio protagonizado por el senador Alex Flórez?