La filósofa Hannah Arendt, en su obra "La banalidad del mal", nos advierte sobre los peligros del conformismo y la obediencia ciega, que pueden llevar a la aceptación de sistemas injustos. Su análisis del caso de Adolf Eichmann, un burócrata nazi que facilitó la deportación de judíos sin cuestionar la moralidad de sus acciones, ilustra cómo el mal puede surgir no solo de la maldad activa, sino también de la inacción y la aceptación pasiva.

Este enfoque nos invita a reflexionar sobre el reciente debate que provocó la intervención del Presidente Gustavo Petro, quien propuso que al lema “libertad y orden”, que figura en nuestro escudo nacional, se le adicione el carácter de “justo” al término “orden”, convirtiéndolo en “libertad y orden justo”.

Para entender el significado de esta propuesta, es fundamental analizar cómo ha sido utilizado el concepto de “orden” a lo largo de la historia en Colombia. Desde la independencia en el siglo XIX, el lema buscaba consolidar un estado que respetara las libertades ciudadanas mientras garantizaba el orden ante los desafíos políticos y sociales de la época. Sin embargo, con el paso del tiempo, el "orden" ha sido frecuentemente empleado como excusa para justificar la represión y limitar las libertades, en beneficio de una élite privilegiada.

La reciente propuesta de Petro ha suscitado diversas reacciones en las redes sociales. Más allá de si este propósito debiera ser prioridad en la agenda legislativa, es urgente provocar una reflexión sobre cómo estos símbolos patrios pueden ganar pertinencia con las realidades sociales actuales. En un contexto donde el “orden” ha perpetuado desigualdades y limitado el acceso a oportunidades y derechos básicos, es crucial cuestionar qué entendemos por “orden” y a quién beneficia realmente.

La historia de Colombia está marcada por episodios en los que el “orden” ha servido para justificar violaciones a los derechos humanos, desde la masacre de las bananeras hasta la política de seguridad democrática, que justificó una política sistemática que produjo, según la JEP, 6,402 casos de ejecuciones extrajudiciales. Reconocer que el “orden” no es inherentemente positivo es crucial. Su justicia depende de a quién beneficia y cómo se implementa. La lucha por una verdadera “libertad y orden” implica cuestionar y reformar los sistemas que perpetúan la injusticia, en lugar de aceptarlos pasivamente.

La propuesta de modificar el lema no es solo un ejercicio semántico; es una invitación a reevaluar lo que significa vivir en una sociedad que promueve tanto la libertad como el orden. Es momento de que los colombianos tomemos la iniciativa para redefinir lo que significa vivir en un país donde la libertad no esté en conflicto con la justicia. La conversación sobre "libertad y orden justo" puede ser el inicio de un diálogo más amplio sobre cómo construir una sociedad que realmente respete y proteja los derechos de todos, donde podamos vivir juntos y juntas.

Este debate no solo es relevante en el ámbito político, sino que también refleja nuestra realidad social. Debemos ser críticos con el uso del “orden” como herramienta de opresión y trabajar hacia una definición de libertad que no se limite a ser retórica, sino que se traduzca en acciones concretas. Como nos recuerda Arendt, la verdadera responsabilidad recae en la acción y la participación de los ciudadanos. Solo así podremos superar la banalidad del mal en nuestra sociedad e instalar la profundidad del bien, cuestionando siempre a quién sirve nuestro “orden” y qué tipo de libertad estamos dispuestos a aceptar.

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