Amables Lectores: Los ciudadanos de a pie, en su gran mayoría, desconocemos la gravísima situación a la que está sometida Colombia con “demandas internacionales” por millonarios montos en dólares.
Explica Leonardo Botero, que las empresas que han demandado al estado colombiano, al considerar que nuestro país no respetó los tratados que los protegían, aspiran a unos 35 billones de pesos. En una entrevista y a pesar de la alta suma Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Colombiano quitándole importancia al hecho manifestó: “Demandar solo evita que la discusión empresarial pase a una discusión diplomática y así los tribunales de arbitramiento internacionales serán los encargados de resolver los litigios”. Sin embargo, si estos pleitos se resolvieran en forma positiva para las firmas demandantes, afectaría al presupuesto de la nación porque sus pretensiones representan aproximadamente el 5% del PIB del país.
Para todos es conocido, que las fuentes hídricas que surten los acueductos de Cúcuta y Bucaramanga tienen su origen en el páramo de Santurban y que la minería extractiva perjudica estos nacimientos de agua. Analizando lo anterior y con el criterio honesto de proteger el bien común de tres millones de personas, aproximadamente, sobre el bien particular, en el 2016 la Corte Constitucional, ordenó delimitar el Páramo de Santurban y prohibir allí la minería.
Ante esta decisión de la Corte, las firmas Eco Oro Minerales-Red Eagle Explotación y Galnaygold en forma separada demandan a Colombia, considerando que esta decisión afectaba sus intereses y se incumplía con el tratado de libre comercio suscrito entre nuestro país y Canadá.
El total de la demanda alcanza 1.050 millones de dólares. Afirma Camilo Gómez que en minería el único “caso difícil”, es la demanda iniciada por la Compañía Gran Colombia Gold, por unos títulos mineros en Marmato (Caldas), con mineros ancestrales. Su monto alcanza los 250 millones de dólares. Otra firma canadiense que ha demandado a nuestro país es Glencore, con dos procesos. El primero se origina en una sanción impuesta por la Contraloría a esa empresa al obtener de manera irregular un otro si a un contrato para la explotación de una mina de carbón en el departamento del Cesar. Inicialmente solicitò como compensación 767 millones de dólares, luego la redujo a 19 millones de dólares y a finales de diciembre, Colombia solicitó su anulación. La segunda demanda de esta sociedad hace referencia a la construcción de Puerto Nuevo en Santa Marta, que según la firma demandante es aprovechado por otras organizaciones sin que Glencore reciba nada a cambio. Reficar, envuelta en Cartagena con escándalos de corrupción demanda al país alegando que por procesos de la Contraloría en 2017, se afectó su buen nombre. Hoy todavía sin definir el monto de la demanda. Astrid Carrizosa por un lado y sus hermanos Alberto Enrique y Felipe por otro lado, demandaron al Estado, en total por 363 millones de dólares, originando la demanda en la internación del Banco Gran Ahorrar en 1998.
Movistar por 308 millones de dólares y Claro por 1.208 millones de dólares demandan al país porque 2013, se les obligò a devolver el espectro electromagnético. Gas Fenosa por la intervención de ElectroCaribe solicita retribución de 1.547 millones de dólares. Los inversionistas Ángel Seda y otros piden 350 millones de dólares por extinción de dominio del proyecto de viviendas de lujo en el sector Las Palmas, Medellín. Existen críticas a esta situación. Rafael Tamayo, profesor de la EAFIT, manifiesta que el número de pleitos internacionales pone en tela de juicio la reputación del país y frena la inversión extranjera.
Camilo Gómez afirma que en otros países el número de demandas es mayor. Argentina 61, Venezuela 48, México 32 y Colombia 14. Walter Arévalo profesor del Rosario afirma que es necesario entrenar a los funcionarios para evitar actos que generen responsabilidad internacional.
