Esta semana, la izquierda y algunos santistas retiraron un proyecto de ley que habían presentado con la finalidad de hacerle daño a la Fuerza Pública. Contenía, entre otras bellezas, estipulaciones que ordenaban no conceder el ascenso a aquellos uniformados que estuviesen investigados. No tengo duda de que el proyecto será presentado de nuevo más pronto que tarde. Enfrentar este desafío legislativo es uno de los varios retos inmediatos que tienen hoy militares y policías y será vital que los partidos y movimientos democráticos en el Congreso se unan para derrotar de manera contundente la iniciativa.
Otro será controlar de manera adecuada y eficaz las protestas y el aumento de la delincuencia común que se presentarán por el agudo incremento de la pobreza y el hambre resultado de los confinamientos, la quiebra de miles y miles de empresas y el disparo del desempleo. Deberán hacerlo, además, con pleno respeto de los derechos humanos.
A los bandidos los ha afectado muy poco la cuarentena. Atacar sus fuentes de financiación es vital. El narcotráfico y la minería ilegal, sus dos principales ingresos, están boyantes como nunca. Aunque el sistema de monitoreo de las Naciones Unidas reportó una reducción del 9% en el área sembrada con coca, bajando a 154.000 hectáreas en 2019, la producción de cocaína no solo no disminuyó sino que aumentó un 1.5% en relación con el 2018, en particular por la mejora de productividad de cada hectárea cultivada. Según Naciones Unidas, solo los cultivadores de coca recibieron US$ 810 millones en 2019. Los ingresos del resto de la cadena son mucho mayores. Recuperar la aspersión aérea con glifosato será vital. El oro, por su parte, está disparado. Refugio seguro en tiempos de crisis e incertidumbre, ha alcanzado el precio más alto en nueve años, más de US$ 1.900 la onza. Es indispensable revisar y corregir la altamente ineficaz lucha contra la minería ilícita.
Todo ello hay que hacerlo obligados a enfrentar al mismo tiempo tres enormes obstáculos. Por un lado, el apoyo del régimen chavista a las mafias y las guerrillas colombianas que encuentran en ese territorio no solo refugio y aprovisionamiento logístico. No solo es un reto en materia de seguridad sino también de defensa nacional.
Por el otro, la dañina esquizofrenia institucional que nos ha dejado el pacto espurio de Santos con las Farc. Tenemos un orden constitucional y legal para el postconflicto, y una realidad de conflicto armado. La institucionalidad es la que nos deja el acuerdo rechazado en el plebiscito, entre ellos el engendro de la JEP, que se pensó y se puso en marcha para asegurar la impunidad de las Farc y apretar a militares y policías, pero la guerra sigue viva y la delincuencia arrecia. Y la doctrina, la disposición de fuerzas en el terreno y el presupuesto de la Fuerza Pública, están construidos sobre la idea de la paz, pero todos los actores violentos, incluso las Farc, están vivos y algunos de ellos más fuertes que nunca.
Finalmente, hay que reconocer que los tres pilares sobre los cuales la Fuerza Pública dio sus mejores resultados están seriamente debilitados. Uno, los ataques sistemáticos contra las Fuerzas Militares han dañado seriamente su imagen y reputación y han afectado la disposición de muchos sectores ciudadanos de apoyar y colaborar con ellas. Dos, la reducción drástica de los presupuestos han afectado tanto el apoyo helicotransportado como los ataques aéreos. Para rematar, ahora hay una inseguridad jurídica que paralizó por muchos meses estas operaciones. Finalmente, desde que se iniciaron las conversaciones con las Farc, ninguna área ha sido tan fuertemente golpeada como la de inteligencia y la contrainteligencia, vital en los más importantes golpes contra esa organización y hoy en su peor momento en décadas
