Uno de los grandes retrocesos que muestra el proceso de desinstitucionalización acelerada de los dos períodos del gobierno Santos, es lo que podríamos llamar recentralización, que otra vez, en contravía de la Constitución Nacional, el gobierno nacional centralizó más funciones, teniendo como justificación “la corrupción galopante” a nivel regional y local. El cartel de la toga, la comunidad del anillo, Odebrecht, el escándalo de la financiación de la campaña presidencial, entre otros, son casos de corrupción del nivel de central que muestran que en el sistema actual la corrupción es transversal a todo el Estado, por lo que la excusa recentralizadora, es sólo otro acto de violación constitucional impune. Solo quedan descentralizadas las Zonas Veredales Transitorias Permanentes.
Nuestro país es geográfica y culturalmente regional, pero desde que existimos como estado, una clase dirigente “de tierras altas” han querido preservar una política económica extractiva, junto con una política social y un modelo político excluyentes. En ese sistema es imperativo recentralizar. Eso hizo Núñez con la regeneración, y ahora Santos, con la degeneración del Estado. Esa regionalización geográfica tan heterogénea es lo que explica que, ante el abandono de las tierras bajas por un estado centralizado en tierras altas, en el país se puedan dar de manera crónica situaciones de violencia localizada. Geografía y política se unen para hacer un país de “ilegales”.
Por eso nunca ha podido avanzar la descentralización. Permitir una real descentralización, no la aplicación del mismo sistema imperante a nivel nacional, regional o local, es una de las “amenazas” al actual sistema, que por cierto, hace aguas por todos sus flancos. La conexión entre el mar caribe y el océano atlántico y la integración oriente-occidente del país, sólo se puede lograr en un modelo descentralizado, pues el centralismo “obliga” a pasar todo por Bogotá, en lo físico, en lo legal y en lo político. La supuesta unidad nacional centralista, ha sido el argumento histórico para seguir con el modelo extractivo, pero se permite un país de zonas geográficamente aisladas y “jurídicamente” centralizadas. Es un comportamiento común a todos los sistemas extractivos, donde el abandono de sus “fronteras”, es lo que ha permitido que por allí lleguen sus principales amenazas.
Obras como la conexión Caribe-Pacifico por el Urabá, la conexión vial entre el llano y el pacifico y la conexión de Cúcuta (frontera) por vía férrea con el valle medio del Magdalena e incluso con proyección al pacifico chocoano por el Urabá, son obras de integración oriente-occidente que permitirían una verdadera integración regional, lo que a su vez permite impulsaría verdaderos desarrollos regionales. Pero desmontar el centralismo es enfrentarse a los más grandes poderes colombianos, que se alimentan de ese leviatan en tránsito hacia su total mamertización.
Una Asamblea Constituyente restringida a “solucionar” los problemas de una de las dos justicias colombianas (la otra es la JEP izquierdista), además liderada por nuestro líder, Juan Manuel Santos, con el soporte de los actuales magistrados, en cuyas manos se corrompió esa justicia, es otra forma de “cambiar todo para que todo siga igual”. Ni que pensar en una verdadera descentralización. Se dice que los ciudadanos tienen a los gobernantes que se merecen; si nos merecíamos a Santos, estábamos realmente mal. En el mundo de los rendimientos decrecientes en que vivimos, es tal vez la última oportunidad para que la ciudadanía se organice para sacar al país del hondo hueco en que cayó. Entiendo que una vez más, estoy siendo inocentemente optimista.
