“No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez; es más bien cuestión de igualdad”. San Pablo, 2 Corintios 8:13,

Colombia vuelve a discutir cuánto poder y cuánto dinero deben salir del centro hacia las regiones. La pregunta es necesaria, pero insuficiente: ¿qué capacidad real tendrán los territorios para convertir esos recursos en bienestar? Una descentralización que ignore las desigualdades económicas e institucionales corre el riesgo de repartir responsabilidades y dejar intactas las distancias entre ciudadanos. (Y el anhelado desarrollo socioeconómico) por eso invocamos a Pablo que nos habla de solidaridad material entre comunidades.

El Acto Legislativo 03 de 2024 fijó una meta: que el Sistema General de Participaciones alcance el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación. La transición prevista es de doce años, contados desde el año siguiente a la expedición de la ley de competencias, sin comenzar antes de 2027. El debate exige discutir simultáneamente recursos, funciones y capacidades.

La historia ofrece lecciones. Jaime Bonet, Gerson Pérez y Jorge Luis Montero, en su estudio sobre las finanzas territoriales entre 1996 y 2015, muestran que los ingresos tributarios departamentales aumentaron 143,5% en términos reales. También documentan que las transferencias crecieron mientras los gobiernos territoriales fortalecían sus ingresos propios. Esa coexistencia cuestiona la cómoda identificación entre dependencia fiscal y pereza administrativa.

El mismo trabajo advierte que los municipios ganaron fortaleza financiera frente a los departamentos, mientras las regiones periféricas mantuvieron menor capacidad de recaudo y ahorro. Además, recibir recursos con destinación específica limita la libertad para atender otras necesidades locales. Hay una diferencia sustancial entre administrar dinero y decidir sobre él; la autonomía también se mide por ese margen de decisión.

La Nota de Gobierno 013 de la ESAP, de Jorge Enrique Sáenz y Carlos David Alape, permite actualizar la discusión. Para 2005–2024 reporta una carga tributaria departamental promedio del 3,31% del PIB en Guainía y del 1,10% en Antioquia. El aparente contrasentido tiene explicación: una economía pequeña puede mostrar una proporción elevada sin disponer de recursos suficientes. Un indicador aislado puede esconder más de la apariencia.

El estudio distingue cinco departamentos fiscalmente frágiles, siete en transición y veinte consolidados. Norte de Santander aparece en este último grupo, esa clasificación describe el comportamiento de sus tributos; conviene evitar que se convierta en certificado de suficiencia financiera. Tampoco permite suponer que todos sus municipios poseen capacidades semejantes para asumir nuevas responsabilidades.

Aquí está el desafío político: descentralizar en un país desigual exige tratamientos diferenciados. Las transferencias deben ayudar a cerrar brechas; la asignación de competencias necesita reconocer capacidades y costos; y el fortalecimiento tributario debe combinar formalización económica, información confiable y control de la evasión. Pedir mayores recaudos sobre economías frágiles, sin fortalecerlas, puede terminar castigando a quienes ya cumplen.

Para los territorios con mayores rezagos, el acompañamiento técnico debe ser estable: formar equipos, estructurar inversiones y mejorar la gestión. Abandonarlos a su suerte sería convertir la autonomía en una condena.

Para Norte de Santander, esto implica discutir qué responsabilidades podemos asumir, cuánto cuestan y qué equipos necesitamos para ejecutarlas. También exige proyectos compartidos entre municipios y rendición de cuentas sobre resultados concretos. El ciudadano necesita saber si la autonomía mejora el agua que recibe, la escuela de sus hijos o el acceso a servicios (valor público).

Defiendo una descentralización acompañada de financiación suficiente, capacidad institucional y responsabilidad pública. Su sostenibilidad exige que la Nación ajuste las funciones y gastos que traslada, evitando duplicidades. Acercar las decisiones al territorio tiene sentido cuando acerca también las soluciones; de lo contrario, habremos descentralizado las obligaciones y conservado intacta la desigualdad.Retomando la advertencia de Pablo, la cuestión es la igualdad: que la autonomía no signifique alivio para los territorios más fuertes y nuevas cargas para quienes ya viven en la escasez.

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