No hay que ser comunista para darse cuenta de que los trabajadores necesitan ser remunerados justamente, pero sí se debe tener el carácter de un explotador para impedir que las personas accedan a empleos dignos y con salarios de calidad. El debate sobre la situación laboral en Colombia vuelve a aparecer en la agenda política y hay más detractores que afines. El centro del tema es la duración de la jornada diurna y el pago de horas extras; y la remuneración por el trabajo dominical. A pesar de que la Ley 172 de 2015 –que ya aprobó dos debates en Cámara y va por el primero en Senado– busca restablecer la jornada diurna (6 am a 6 pm) y los recargos nocturnos (6 pm a 10 pm), además de aumentar la remuneración por el trabajo dominical del 75% al 100%, para muchos, especialmente empresarios y directores de organizaciones como Fedesarrollo, el proyecto de ley tendría impactos negativos.
Quince años después, todavía hay defensores de la Ley 789 de 2002, una norma tan poderosa que cambió la naturaleza. Logró que la noche fuera día y que los días fuesen más largos, un asunto digno de Hogwarts. Esta ley, promulgada durante el primer mandato de Uribe Vélez, recortó una cantidad de beneficios sociales que van desde la disminución de horas extras y el desconocimiento del 25% del pago en una jornada dominical; hasta el descenso del monto de pago indemnizatorio para una persona que haya sido despedida sin causa. Lo más impactante es que ha sobrevivido a una decena de demandas de inconstitucionalidad. Sus defensores engañan mediante una falacia económica que dicta que quitándole las prestaciones sociales y derechos de ley a un trabajador se va a fortalecer la economía o a aumentar la producción y/o incrementar la población empleada formalmente en el país.
Si la Ley 789 hubiese obtenido los resultados esperados, el desempleo; el trabajo informal y el subempleo serían fenómenos próximos a desaparecer en Colombia, disminuyendo año tras año. Sin embargo, cifras del DANE y del Ministerio de Trabajo, entre otros organismos facilitadores de estadísticas, muestran que el círculo de la precariedad laboral en el país se hace cada vez más grande.
El rol de la Ley 172 de 2015 es importante porque permitiría arreglar los perjuicios que le causó la 789/2002 a la población colombiana en materia de garantías laborales, sobre todo, teniendo en cuenta que la creación y/o modificación de una Ley no puede significar el detrimento de algún aspecto inherente a la dignidad de la persona, sea en el campo de la salud, el empleo, la vivienda, el acceso a servicios públicos, etc.
Revivir las horas extras sería revivir una parte de la dignidad laboral en Colombia, pero no es ningún favor, es una obligación de los legisladores.
Llama la atención en el debate la loable intervención de Clara López (MinTrabajo), quien hace un excelente papel al defender a los empleadores. En los comentarios realizados en noviembre de 2016 a la Ley 172/15, López propone que la jornada diurna se conciba de 6 am a 8 pm y permanezca la remuneración dominical del 75% del salario. ¿Qué haríamos sin la enérgica defensa de personas como usted, señora Ministra?
Ampliar la protección social no debería ser una opción, sino un deber. Por esto, es importante conocer que los argumentos con que pretenden derribar la 172/2015 son totalmente falsos: Primero, esta ley no ordena gasto, por lo que no tendría impacto fiscal. Segundo, no generaría ‘olas’ de despidos, esto es simplemente un comentario incendiario y falaz. Tercero, esta ley en curso no desincentivaría la creación de empleo formal, dado que estudios económicos demuestran que para las empresas, las reformas laborales son un factor menor a la hora de generar empleo.
Siendo así, no quedan más argumentos para frenar el restablecimiento de garantías laborales en Colombia. O bueno, habrá que preguntar a la ministra López.
