Coronavirus, otra vez. Es inevitable. Nada ha sido más grave, global, disruptivo, desde la segunda guerra mundial. Ha cambiado la cotidianidad, la rutina, lo “normal”. Y no solo por sus consecuencias en materia de salud pública y los millones de infectados, sino también, y es quizás igual de importante, por sus impactos en la economía. El viernes, la directora del FMI, anunciaba que “hemos entrado en una recesión”.
La pandemia ha traído, además, una caída enorme en el consumo de petróleo que, aderezada por el enfrentamiento entre Arabia Saudí y Rusia, se ha traducido en un desplome brutal del precio. El sábado, el barril Brent, el de referencia para Colombia, se cotizaba en US$27,87. Pero a nosotros nos lo pagan varios dólares abajo. El presupuesto del 2020 se hizo con un precio de US$67,5. El costo de producción de Ecopetrol es de algo más de US$30 el barril, a lo que hay que sumar transporte y otros gastos.
Las exportaciones de crudo y sus derivados en el 2018 fueron el 40,9% de todas nuestras exportaciones. Las transferencias de todo el sector, entre impuestos, dividendos y regalías, pasan los 30 billones. Cerca del 5% del PIB nacional y el 12% de los ingresos corrientes de la Nación son generados por los hidrocarburos. Si la caída del precio se prolonga, no solo se perderá dinero extrayendo sino que el impacto en nuestra economía será devastador.
Más allá del petróleo, la pandemia tendrá fuertes consecuencias cuya magnitud dependerán de lo que duré la cuarentena, del costo de la misma, y del tiempo de recuperación de la economía mundial. El jueves, Standard & Poor’s dio un campanazo al reducir su perspectiva sobre la economía colombiana a negativa, poniendo en riesgo el grado de inversión del país.
Por eso ha hecho bien el Gobierno en tomar previsiones para mitigar el impacto económico de la pandemia. A hoy, ha previsto recursos de apoyo por 15 billones para las medidas adoptadas por la declaratoria de emergencia económica, que se destinarán fundamentalmente a las siguientes líneas: a. La compra de equipos médicos, aumentar la capacidad de operación de clínicas y hospitales, pagar las deudas del sistema y asegurar su liquidez; b. Dar alivio financiero a las pequeñas y medianas empresas que necesiten recursos para el pago de créditos y garantizar el pago de nóminas; c. Créditos especiales a los sectores de turismo, aviación y entretenimiento y, lo más importante, d. Acelerar la devolución de $70.000 por IVA para un millón de familias, $712.000 en promedio para 204.000 mil jóvenes en acción, $240.000 para 1.5 millones de adultos mayores, $335.000 pesos adicionales para 10 millones de personas de Familias en Acción, 250 mil mercados para adultos mayores que no reciben ayudas y un millón cien mil mercados adicionales para familias vía ICBF, y $160.000 para más de 3 millones de familias que no están en programas sociales.
Otras naciones han logrado navegar con éxito la crisis sin imponer una cuarentena nacional. Pienso, por ejemplo, en Japón, que es el país con mayor porcentaje de población mayor de 65 años, un 27,6%. Pero es verdad que las diferencias culturales son inmensas y que hay allá una disciplina social de la que acá carecemos. Y que hay que hacer todos los esfuerzos para evitar el colapso del sistema de salud. Por eso la cuarentena ha sido una medida indispensable.
Pero la OCDE calcula que cada mes de confinamiento cuesta dos puntos del PIB. Por su parte, para Fedesarrollo, en el mejor de los casos la economía crecerá 2.3% y no el 3.5% previsto y el desempleo llegaría al 13.3%. En el escenario pesimista, la desaceleración nos llevaría a -0.4%, con un desempleo del 19.5%.
No tenemos datos que permitan pensar que terminado el período decretado de cuarentena los riesgos hayan sido suficientemente mitigados. “Estamos ante un fenómeno que va a estar presente en nuestras vidas por varios meses”, dijo el presidente Duque. Por eso, el Gobierno tendrá que evaluar con mucho cuidado si prolonga el confinamiento o si toma medidas alternativas. Hay que cuidar que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad.
