En el siglo XXI, Colombia hizo un avance muy importante de reducción de la pobreza, tras dos décadas de crecimiento económico sostenido. Los pobres pasaron de ser el 50% en 1999 al 27% en 2018 y la pobreza extrema bajó del 22% al 7%. En el 2019, el DANE hizo un ajuste metodológico que subió la cifra de pobreza monetaria hacia arriba, cercana al 36%.
También éramos menos desiguales. El coeficiente Gini pasó del 0,60 en 1999 a 0,52 en 2018. En consecuencia, teníamos una clase media equivalente al 30% de la población y, a partir del 2014, era mayor al total de pobres.
Hasta la crisis del año pasado. Las medidas restrictivas de la libertad, confinamientos y demás, nos dejaron la peor crisis económica desde que tenemos estadísticas. El PIB cayó un 6,8%, el desempleo se trepó del 10,5% al 15,9% y, como consecuencia, hoy dos de cada cinco colombianos son pobres.
No tengo duda de que el énfasis en la política económica hay que hacerlo en la superación de la pobreza. Hay quienes piensan que el camino para ello es a través del aumento del tamaño del Estado, del gasto público y de la red de asistencia social. En consecuencia, les es indispensable aumentar los ingresos del Estado. En las circunstancias actuales, eso solo puede hacerse por medio de un mayor endeudamiento público, vendiendo activos del Estado o con nuevos impuestos. O con una combinación de todo, como está haciendo el Gobierno. Por eso en enero de este año la deuda pública llegó al 61,40% del PIB, casi un 13% más que en el 2019. Por eso el Gobierno ha tomado la decisión de vender compañías y bienes del Estado. Y por eso propuso la más agresiva reforma tributaria de nuestra historia.
A fines del año pasado, me opuse a la reforma. Creí que era inoportuna e inconveniente, tanto porque empresas y ciudadanos apenas empiezan a sacar cabeza y no es el momento de ponerles nuevos impuestos, porque el énfasis de la reforma era marcadamente fiscalista: sacarle dinero al sector privado para dárselo al Estado.
Aunque la propuesta fallida era mucho mejor estructuralmente, la nueva tiene dos virtudes: la primera, que fue conversada con muy distintos sectores y, la segunda, que es realista. Con mucho sentido práctico, Restrepo se centró en lo que era posible. Focalizada como está en aumentar el impuesto de renta de las empresas, esta reforma sí saldrá adelante en el Congreso y no tendrá mayor resistencia en la opinión pública.
Yo, sin embargo, me mantengo. El camino correcto es el contrario al que decidió recorrerse: la tributaria debería hacerse en la lógica de buscar aumentar el crecimiento, la generación de riqueza y la creación de empleo y, por esa vía, disminuir estructural y no coyunturalmente la pobreza. Tal cosa no se consigue haciendo permanentes programas extraordinarios como el de Ingreso Solidario, indispensable el año pasado pero que no debería extenderse más allá de este 2021, ni castigando el emprendimiento. El aumento general de la tarifa de renta hasta el 35%, incluso a micro y pequeñas empresas, que son el 98% de todas y generan el 82% del empleo, sería la estocada mortal para muchas que apenas han sobrevivido al Covid y a las protestas y bloqueos criminales.
Nuestra meta debe ser disminuir estructuralmente la pobreza y hacer de Colombia un país donde todos seamos propietarios. Para eso hay que crear tanto empleo como sea posible de la manera más rápida que esté en nuestras manos. Castigar el emprendimiento, a los pequeños y microempresarios, no es el camino para ello.
