El contralor general, Felipe Córdoba, ha exhortado a la población para que recurra al celular cada vez que tenga conocimiento de un hecho que pueda generar corrupción.

Sin duda ese aparato de comunicación tiene elementos muy efectivos que están al alcance de todas las personas: una llamada telefónica, un mensaje de texto, un correo electrónico, una fotografía, una grabación, o una búsqueda de contacto en la web.

Cualquiera  de estas alternativas resulta ser valiosa a la hora de desenmascarar a un corrupto; lo que hay que hacer es una campaña de divulgación permanente sobre el uso de estas herramientas, acompañada de una estadística que indique la efectividad del aporte de estas evidencias que un teléfono pueda recoger o transmitir.

A su vez, los canales de recepción de estas denuncias tienen que ser muy ágiles, pues los ciudadanos suelen desanimarse cuando emplean tiempo, imprimen valor y hacen efectivas las denuncias, sin que se vean resultados rápidos frente a las pruebas recaudadas. El tiempo mata, y en este caso sepulta también todo el esfuerzo de las personas para colaborar en este propósito, que para cualquier país debe ser absolutamente fundamental.

Duele registrar de manera tan frecuente que nuestro país figure en la lista de las naciones más corruptas del mundo, y que los presupuestos públicos estén cada vez más expuestos para que los inescrupulosos hagan de las suyas, sin que se registren mayores evidencias de efectividad de la Justicia.

Además se ha comprobado por recientes reportes de los organismos judiciales, que lamentablemente en los pocos casos de efectividad de la Justicia, resulta imposible poder recaudar los dineros productos de los casos de corrupción, pues a pesar de que se establecen mecanismos de reposición, éstos se cumplen solo en una mínima parte, lo que debe significar que esos acuerdos no se cumplieron y que por lo tanto las penas deben revisarse y ajustarse en cada caso.

La guerra contra la corrupción debe ser un propósito nacional, una política muy clara de Estado, y todo ello acompañado de una voluntad política para poder hacer realidad ese objetivo de derrotar de manera contundente a los saqueadores de las arcas públicas.

Ojalá el contralor general comenzara el programa de denuncias, con instrumentos claramente definidos para asegurar su efectividad.