Le ocurrió al padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Luego de su secuestro y liberación pudo asistir al estadio en Barranquilla para animar al equipo colombiano, con la agradable sorpresa de los dos goles anotados por su hijo para ganarle a Brasil y que lo pusieron por cuenta de esa gran emoción al borde de un infarto cardiaco. Todos estuvimos acompañando a Mane Díaz y nos sentimos identificados con su reacción, luego de haber sufrido el secuestro.
Pero este hecho nos pone de cara al suplicio que significa este tipo de delito del cual recién no habíamos tenido muchas noticias y pensábamos que se había acabado. Pero las cifras hoy hablan de al menos 30 personas en poder de la guerrilla que los retiene con el propósito de obtener un pago por su liberación. En la región de la provincia de Ocaña se han producidos algunas de esas retenciones que siguen siendo consideradas como parte del funcionamiento de estos grupos para obtener financiación para su sostenimiento. A pesar de estar sentados en una mesa de diálogos advirtieron desde sus inicios que no abandonarían ese tipo de acciones.
El sonado caso del padre del futbolista Lucho Díaz y su posterior liberación, se habla del pago de una gruesa suma de dinero para su liberación, aunque desde el gobierno se niega que tal negociación existió, ha provocado que los negociadores que representan al gobierno hicieran un pronunciamiento en un comunicado sobre el secuestro “Es un crimen que ultraja cruelmente la dignidad humana, provoca inmenso sufrimiento a las familias y vulnera la humanidad del secuestrado en su más profunda intimidad” A esto agregan “ocasiona un grave daño a la confianza de la sociedad colombiana sobre la posibilidad de alcanzar la paz” también han expresado sobre este hecho que “genera odios difícilmente superables contra sus perpetradores, es un delito continuo –ya que se prolonga más allá́ del acto mismo de la retención–, genera una angustia permanente para el secuestrado y sus seres queridos y un rechazo total por parte de la comunidad nacional e internacional”.
Son diversas las cifras que se manejan sobre el número de afectados por el secuestro como lo anota el diario El País de Madrid en una de sus publicaciones de esta semana. El Centro Nacional de Memoria Histórica, consigna en el informe Una sociedad secuestrada, que al menos 39.058 personas fueron secuestradas por lo menos una vez en 40 años. Y La Comisión de la Verdad elevó esa cifra a por lo menos 50.770 en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018, aunque calcula que el subregistro puede catapultar el universo de víctimas hasta 80.000 casos.
Hoy no solo la comisión negociadora está pidiéndole a la guerrilla que abandone el secuestro teniendo en cuenta que comerciar con seres humanos es ilícito, aún bajo las condiciones de un conflicto armado. También la sociedad misma se ha puesto nuevamente en pie para rechazar el secuestro. Muy seguramente el proceso de negociación llegará a puerto seguro y más pronto si las fuerzas insurgentes atienden el llamado de todos los colombianos y así acercarnos un poco más a la anhelada, pero hasta ahora esquiva paz.
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