Las cifras que acaban de publicar en el Ministerio de Defensa, sobre el crecimiento de la inseguridad, aterran por el hondo impacto que tienen en la tranquilidad ciudadana.

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El ambiente lo notamos a diario; pero que las propias cifras oficiales nos indiquen que el hurto a las personas se haya incrementado en un 26%, el común en un 19,9% y el de motos un 7,3%, y que además crezcan otros indicadores como el robo de vehículos y la extorsión, en verdad nos asusta y conmueve. Sólo los homicidios tuvieron una leve disminución.

Y lo que no cuadra en el análisis respectivo que se debe hacer, es en que precisamente la cifra de empleo ha venido en aumento, hasta volver a llegar a un dígito, lo que es necesario pensar en que algo grave está pasando dentro de los organismos de seguridad, que seguramente han aflojado su acción en este sentido, dejando que la delincuencia pueda moverse mejor, y lograr un mayor impacto en sus perversos y criminales objetivos.

Esa falta de coordinación, y a veces con el agravante de una relación hostil entre los alcaldes y la Policía, en verdad preocupa, y bastante. Lo mismo pidiéramos decir de otras instancias, que no han estado en capacidad de detectar estos irregulares comportamientos, que acosan a la sociedad, que perturban de manera dramática al ciudadano corriente, para quien abordar la calle es lanzarse al peligro y estar expuesto a toda clase de acechanzas, hasta exponer su propia vida.

Estos dolorosos indicadores, tienen que servir para que se diseñe un plan choque, que permita un mayor compromiso, una mejor planeación de la acción y un indeclinable propósito de enderezar las cifras, para que este sombrío panorama no siga creciendo en medio de la impotencia ciudadana.

Es necesario hacer un llamado para que se cumpla el principio constitucional de la protección a la honra y bienes de las personas, y a dignificar el derecho a la vida. Hay que revisar los parámetros utilizados en otras épocas de crisis, cuando fue necesario acudir también a medidas excepcionales para contrarrestar los efectos de la delincuencia común y organizada. 

En todo este comportamiento, vemos que las mismas autoridades tienen identificadas las zonas de mayor ocurrencia de delitos, y a su vez los sistemas de transporte masivo constituyen unos focos reconocidos para delinquir, en donde precisamente es la gente de menores recursos la que lleva la carga, pues se tiene que ver expuesta, por su diaria movilización, a todas estas incertidumbres, cuando están seguros de que su entorno ofrece todos los riesgos posibles.

Más acción, y más coordinación, es lo que se reclama en estos momentos en que el drama de la inseguridad llena de asombro al ciudadano.

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