Ya conocemos la escena, saludamos al vecino: ¡Qué calor está haciendo! no? El calor se vuelve tema obligado en los ascensores, en las tiendas, en la oficina. Los embalses aparecen diariamente en las noticias, o entras zonas llega un aguacero intenso (cuando finalmente llega), parece caer con la intención de recuperar en una tarde todo lo que no llovió durante semanas.

Estamos en un periodo de El Niño y, a estas alturas, nadie necesita que le expliquen que significa menos agua, temperaturas más altas y riesgos de incendios más frecuentes.

Lo que todavía no hemos comprendido del todo es que el clima también lleva una contabilidad. Y tarde o temprano nos presenta la factura.
Cuando una sequía reduce una cosecha, el problema no se queda en la parcela del agricultor. Se refleja en el precio de los alimentos, en el bolsillo de los hogares y en la inflación.

Cuando disminuyen los niveles de los embalses, aumenta la preocupación por el abastecimiento energético. Cuando un incendio forestal destruye ecosistemas, también obliga al Estado a movilizar recursos que podrían destinarse a educación, salud o infraestructura.Lo mismo ocurre en escenarios de lluvias extremas. Una carretera bloqueada no es solamente una fotografía dramática para el noticiero: son mercancías que no llegan, trabajadores que no pueden desplazarse, empresas que incumplen contratos y municipios que deben reconstruir, una vez más, la infraestructura que el agua se llevó.

Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advierte que los eventos climáticos extremos más severos pueden reducir cerca de 2,2 % el PIB de las regiones afectadas. Más preocupante aún: cinco años después, la pérdida económica puede seguir rondando el 1,7 %.

Es decir, el desastre termina mucho después de que las cámaras se retiran y las noticias dejan de hablar de él.Además, el impacto no respeta fronteras municipales. Una región puede no sufrir directamente la inundación o el incendio y, aun así, perder producción porque sus proveedores, carreteras o mercados sí fueron afectados. La economía funciona como una red compleja: cuando un territorio se detiene, otros comienzan a sentir el tirón.

En Colombia seguimos reaccionando al clima como si cada emergencia fuera inesperada. Ahorramos agua cuando los embalses ya están bajos, buscamos carrotanques cuando las comunidades ya están desabastecidas y reconstruimos carreteras en los mismos lugares donde probablemente volverán a colapsar.

La adaptación climática no debería entenderse como un gasto ambiental, sino como una inversión económica. Necesitamos infraestructura resistente, alertas tempranas que conduzcan a decisiones reales, seguros agrícolas accesibles, protección de cuencas y presupuestos públicos capaces de anticiparse a las emergencias. Porque, al final, crecer no significa únicamente producir más, sino impedir que cada evento extremo borre años de inversión, bienestar y desarrollo.

Prepararnos para el clima que viene no es pesimismo: es la forma más responsable de proteger el territorio y asegurar nuestro futuro.

El Niño terminará, como han terminado otros. Pero vendrán nuevas sequías, lluvias extremas e incendios. La pregunta ya no es si el clima volverá a golpearnos, sino cuántas veces más permitiremos que nos encuentre sin preparación. Porque cada desastre anunciado que vuelve a sorprendernos no es solo una tragedia ambiental: es también una falla de planificación que termina pagando toda la sociedad.

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