Panegiristas del establecimiento han acuñado la idea según la cual Colombia tiene una democracia solvente y con tradición en el conjunto de América Latina. Y la Constitución Nacional consagra como principio fundamental el Estado social de derecho. Nada de eso   corresponde a la realidad, como lo evidencian las diferencias existentes entre los sectores en que está dividida la sociedad. No se puede esconder la brecha de la inequidad.

Es recurrente el disgusto de algunos patriarcales dirigentes contra los que denuncian los desniveles existentes en el reparto de los ingresos en el país. Hasta califican de pecado de lesa patria lo que ellos llaman “incitación a la lucha de clases”, como si la exclusión no fuera evidente, mediante la cual una minoría se queda con la mayor parte de los bienes en detrimento de la mayoría condenada a la pobreza. Verdad cotidiana irrefutable, generadora de perturbaciones y de muchos de los males que se han acumulado.

De nada sirve hacer abstracción de un problema de sacudimientos constantes. Es peor minimizarlo cuando se debiera reconocer que la desigualdad en Colombia configura un conflicto de proporciones inquietantes. La sociedad clasista ha dejado fracturas de profundidad. De allí provienen muchas adversidades que llevan al desasosiego.

La propiedad de la tierra en el país fue amarrada al sistema feudal. Unos pocos se quedaron con los latifundios y el campesinado fue condenado a la subordinación paupérrima. Allí hay mucho abono para las violencias que surten el conflicto armado.

También hay desigualdad en las oportunidades. Las prácticas clientelistas, el tráfico de influencias y la burocracia convertida en botín de la politiquería anulan el reconocimiento de los méritos por conocimiento, idoneidad y pulcritud.

En casos de corrupción la división clasista sí que cuenta. Cuando se trata de políticos o de consentidos de alguna estirpe intocable la consigna es aplanar la gravedad de los hechos en beneficio de los implicados.

En ese entramado de la desigualdad entra la afectación de los derechos. La muerte sucesiva de tantos líderes sociales es un punto crucial. Y frente a esto la justicia es errática. Hay desigualdad, además, en el acceso a la educación y a la salud. Lo que se ofrece por parte del Estado está por debajo de lo que se requiere. Y sucede igual con respecto a los servicios públicos y a la satisfacción de otras necesidades.

La desigualdad precipita a Colombia a borrascas continuas y como respuesta no hay más que paliativos asistencialistas.

Puntada

La reciente columna de Carlos Eduardo Ramírez Quintana en La Opinión (“Al oído del Alcalde”) es una reflexión positiva que ojalá el alcalde Jairo Tomás Yáñez la asuma como aporte a su gestión. Está en la línea de sus propuestas programáticas.

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