El déficit fiscal en Colombia no es un fenómeno coyuntural, tampoco es el resultado exclusivo de choques transitorios; es la manifestación persistente de una arquitectura fiscal desequilibrada que se ha consolidado estructuralmente durante más de tres décadas. Desde comienzos de 1990, el país ha transitado por múltiples reformas tributarias, ajustes institucionales y episodios de consolidación fiscal sin lograr corregir de manera sostenida la brecha fiscal. El problema del déficit fiscal colombiano en 2025 es cercano al 6,2% o 6,1% como proporción PIB, según el Minhacienda y la CARF. 

Proyecciones más pesimistas lo ubican en 7% en 2026.

En contexto, la Constitución Política de 1991 redefinió la relación entre la nación (el gobierno central) y las entidades territoriales, ampliada de manera significativa mediante el sistema de transferencias. Este diseño institucional implicó una expansión del gasto público, que no fue acompañada de una política de desarrollo económico territorial, o de la capacidad equivalente de generación de ingresos y un marco de competencias acorde a la descentralización político-administrativa que el país empezaba a experimentar. 

A partir de ese momento, el gasto adquirió una rigidez creciente, particularmente en los componentes del sistema general de participaciones: pensiones, salud, educación, saneamiento básico, y otras transferencias sociales. Estos rubros, de difícil ajuste político y jurídico, han condicionado el margen de maniobra de la política fiscal, incluso en contextos de desaceleración económica.

En paralelo, Colombia ha recurrido al uso de reformas tributarias como mecanismo de cierre de brechas fiscales. Desde 1990 hasta la actualidad, el legislativo aprobó 21 reformas, algunas con mejoras tributarias, aunque en la práctica, limitadas en su alcance. Por ejemplo, el recaudo tributario medido como porcentaje del PIB, aumentó de forma significativa desde el 8,4% a cerca del 14,6% en 2025, lo que evidencia un esfuerzo fiscal relevante. 

Sin embargo, este incremento ha sido insuficiente frente al crecimiento del gasto, o al compararse con otros países del vecindario o de la OCDE. Además, el sistema tributario colombiano presenta elevados niveles de evasión y elusión, que erosionan la eficiencia, reducen la progresividad y la equidad del sistema.

La dinámica de la deuda pública añade una capa adicional de complejidad. El financiamiento del déficit fiscal ha dependido crecientemente del endeudamiento, tanto interno como externo, en un contexto de condiciones financieras internacionales adversas, restrictivas y de deterioro del riesgo país. Luego, el costo del capital de la deuda y el pago de su servicio se ha incrementado, absorbiendo una proporción significativa del presupuesto, y desplazando recursos que podrían destinarse a inversión pública. Este fenómeno es particularmente preocupante en un escenario de menor crecimiento económico, de tensiones políticas, y de un continuo deterioro de la calificación crediticia del país.

La regla fiscal, concebida como un ancla operativa de sostenibilidad, ha enfrentado dificultades en su implementación. Si bien su diseño introdujo un marco de disciplina intertemporal, los eventos extraordinarios, como la pandemia, y las presiones estructurales del gasto, han derivado en su frecuente flexibilización. El incumplimiento o relajamiento de esta regla, debilita la credibilidad de la política fiscal y del gobierno central, e incrementa la prima de riesgo, lo que a su vez encarece el financiamiento internacional.

En este contexto, el déficit fiscal observado en 1990 y 2025 osciló entre el 4% a 6,2% del PIB. Dicho incremento no responde únicamente a choques transitorios, o solo a la gestión de un gobierno, se suman a éstos, los elementos estructurales. Puesto que la trayectoria de la deuda pública se acumula en el tiempo, y si la tasa de financiamiento supera el crecimiento económico, sugiere una dinámica potencialmente insostenible en ausencia de cambios en la política fiscal.

En suma, Colombia enfrenta un problema fiscal de carácter estructural que no puede resolverse con ajustes marginales o transitorios. Se requiere una estrategia integral de desarrollo territorial, combinada con una política fiscal que en sus componentes tributarios y de gastos, operativamente sean más eficientes, progresivos y equitativos. 

Por consiguiente, profundizar en la descentralización es otra vía complementaria, si se acompaña de un marco de competencias institucionales, pues sin esto, el anuncio de designar sedes alternas a Bogotá es inocuo. 

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