Los mecanismos de participación ciudadana en Colombia son totalmente ignorados. Cuando se establecieron el plebiscito, referendo, cabildo abierto y consulta popular, entre otros, en la Constitución de 1991, su objetivo era otorgar participación real a la ciudadanía en decisiones colectivas. Veinticinco años después, esto se anula, porque, según Germán Arce, ministro de Minas, una decisión de orden político no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo. Dijo esto respecto a la consulta popular en Cajamarca (Tolima), pero se ve que aplica a cualquier otra esfera. A pesar de que para muchos, y me incluyo, el proceso de paz fue víctima de una completa derrota en las urnas –con el plebiscito del 2 de octubre–, el expreso de la paz Gobierno-Farc siguió su curso a toda marcha, y, sin freno, se logró la aprobación del acuerdo aunque sus pormenores están en discusiones legales todavía; siguió adelante ignorando la voz del pueblo.
Lo mismo pasa con las consultas populares sobre minería. La tajante respuesta de los camajarcunos es, para MinMinas y Juan Manuel Santos lo mismo que el paro del año pasado: no existe y tampoco importa. En palabras de ambos, Anglogold Ashanti no deberá frenar sus proyectos en el municipio tolimense porque la consulta no es vinculante. ¿Entonces la consulta popular ha caído tan bajo como la CNE? ¿A nadie se obliga a hacerle caso?
Este debate deja una lección costosa pero importante, y es que el tema de la participación ciudadana está sujeto, igual que muchos otros, al aprovechamiento de vacíos legales y empleo de tecnicismo por parte de los hábiles y costosos abogados de las multinacionales. Se habla de retroactividad y derechos adquiridos sin tener en cuenta el término licencias ambientales o la definición de un título minero. Se aprovechan de la confusión institucional del Congreso y la Anla, e igual siguen ganando.
Cabrera (Cundinamarca) y Piedras (Tolima), también han dicho no a proyectos extractivos en sus territorios, y muchos otros municipios están en el camino burocrático de hacerlo. Siendo así, ¿por qué insistir con el tema minero, incluso teniendo en cuenta la caída de los precios internacionales?
A gran parte de los analistas económicos en Colombia les preocupa la imagen que tiene la minería en el país, no sólo en las comunidades sino en las altas esferas judiciales como la Corte Constitucional, las cuales han fallado en numerosas ocasiones en favor del ambiente y no del bolsillo. No obstante, esta imagen no es gratuita ni infundada. Todo lo contrario, la despreocupación e insignificancia con la que ven las compañías mineras a la calidad ambiental, la salud de los habitantes de las regiones que explotan y la vocación económica de los municipios los hacen quedar como los villanos de los negocios, son los Montgomery Burns de la economía.
Para evitar el fuego cruzado entre medio ambiente y crecimiento económico a partir de la minería, es importante entender que cualquier extracción de la tierra generará un desequilibrio ambiental y que ninguna clase de minería es 100% sostenible,
pero, que las compañías que ejercen estas actividades tienen la capacidad (más no la voluntad) de garantizar fuentes hídricas limpias de materiales peligrosos para la salud y de generar protocolos de seguridad que eviten la contaminación y daño de los recursos naturales.
Además, si queremos dar un debate de alto nivel técnico y académico al respecto, tenemos que dejar de nombrar a Canadá como el minero verde o el ecologista extractivo. Este país norteamericano es un agresivo explotador de los recursos minero-energéticos, porque los desarrolla en territorios distintos al suyo. En sus manos, el único suelo libre de contaminación es el suyo, porque allí no genera este tipo de dinámicas extractivas.
Por último, tenemos que dejar de pensar como tercermundistas, porque lo somos, sin correcciones políticas. Creer –como lo dice MinMinas –que la participación ciudadana incentiva la minería ilegal y no sus altos rendimientos, y asumir que nuestra única opción de crecimiento y progreso es vender a porciones el territorio y contaminar el medio ambiente, nos hace ver como ignorantes a nivel internacional y sólo estamos aportando un mensaje: Colombia no tiene nada qué aportar.
