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El discurso presidencial y la realidad fiscal
El principio de equidad comprende tanto la equidad horizontal (igual trato a iguales capacidades) como la vertical (mayor aporte de quienes tienen mayor capacidad).
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Miércoles, 18 de Noviembre de 2026

Toda política fiscal debe someterse al escrutinio de los mandatos constitucionales y de la lógica macroeconómica. El proyecto de Ley de Rescate Económico, conocido también como Ley de Rescate Fiscal, impulsado por el gobierno de Abelardo de la Espriella y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, parte de un diagnóstico acertado: es necesario sanear una trayectoria de endeudamiento insostenible y llevar el déficit a una senda creíble y controlable. Sin embargo, su diseño incurre en contradicciones frente a los principios que el artículo 363 de la Constitución establece para el sistema tributario: eficiencia, progresividad y equidad.

Esta columna examina, desde una perspectiva constitucional y macroeconómica, esas contradicciones en el Proyecto de Ley 477 de 2026, que el Gobierno radicó el 29 de octubre en la Cámara de Representantes para su discusión y aprobación.

El principio de eficiencia exige recaudar los recursos necesarios con el menor costo posible y con las mínimas distorsiones sobre la asignación de recursos, la inversión y el empleo. Aquí las contradicciones son severas. El discurso presidencial promete reactivación y competitividad empresarial mediante la reducción gradual de la tarifa general de renta corporativa, del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028; sin embargo, el articulado introduce cambios y mayores cargas sobre los aportes a la nómina y los parafiscales.

Desde la macroeconomía, esto representa una ineficiencia estructural, porqué: 1. Encarece el factor trabajo en una economía donde la informalidad ronda el 54,5 % de los ocupados (en el trimestre julio-septiembre de 2026, según el DANE) y el índice de informalidad empresarial alcanza el 87,5 % en 2025 (DANE, octubre de 2026); 2. Desestimula la contratación formal; 3. Castiga la productividad agregada y 4. Contradice el objetivo de formalización. Es cierto que cerca del 70 % del ajuste recae en la racionalización del gasto público, con un ahorro proyectado de 44,6 billones de pesos en 2027. Pero el proyecto también crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que ofrece estabilidad jurídica y gabelas tributarias sectoriales por 16 años, con lo cual inmoviliza la gestión futura de la política fiscal frente a choques externos.

El principio de progresividad establece que quienes tienen mayor capacidad económica deben contribuir con una proporción mayor de sus ingresos al sostenimiento del Estado. También aquí el proyecto presenta fisuras. Históricamente, las rentas exentas y los tratamientos preferenciales han alejado la tasa efectiva de tributación (TET) de los contribuyentes de mayores ingresos de la tarifa nominal fijada en la ley. La propuesta busca unificar la tarifa marginal al 39 % para personas naturales en los tramos superiores en el Estatuto Tributario. No obstante, al mismo tiempo incorpora, con el RUGE, un régimen preferencial para las rentas de capital y las grandes corporaciones: tarifa de renta del 20 % para los proyectos que inicien en 2027 o 2028 (26 % desde 2029), frente a una tarifa general que llegaría al 31 % en 2028; dividendos al 8 % para inversionistas no residentes; y depreciación acelerada. Esto introduce elementos de regresividad y debilita el efecto redistributivo de los impuestos a la renta y al patrimonio. Persiste, además, un trato desigual: las rentas de capital reciben un tratamiento más favorable que el de las MiPymes y las rentas laborales. Así, los patrimonios altos y las rentas financieras más concentradas pueden eludir una carga proporcional a su verdadera capacidad contributiva, mientras el esfuerzo fiscal recae sobre los asalariados y las clases medias.

El principio de equidad comprende tanto la equidad horizontal (igual trato a iguales capacidades) como la vertical (mayor aporte de quienes tienen mayor capacidad). Las contradicciones en este punto son palmarias. El proyecto otorga tratamientos diferenciales y regímenes de favorabilidad selectiva a determinados sectores, con la justificación de atraer inversión extranjera y fomentar la libertad de empresa, lo que rompe la neutralidad del sistema y con la evidencia internacional. Cuando unos sectores cargan con la tarifa plena y otros operan bajo un paraguas privilegiado, se quebranta la equidad horizontal y se crea un terreno de juego desigual para las micro y pequeñas empresas que impulsan el empleo local.

Además, si los mecanismos de devolución focalizada del IVA (EfectIVA) sufren fallas operativas o filtraciones, el efecto contractivo del ajuste inicial y los cambios en los impuestos indirectos terminarán castigando de manera desproporcionada el ingreso disponible y el consumo de los hogares medios y bajos. Sería una traición al mandato de justicia social de la Constitución de 1991.

En suma, el proyecto acierta al diagnosticar la urgencia macroeconómica de sanear el déficit y estabilizar el gasto público. Sin embargo, peca de una profunda miopía estructural: transige con privilegios corporativos, grava indirectamente la nómina formal y desprotege el bienestar de las clases medias, vulnerables y pobres, sobre todo cuando los mecanismos de compensación y transferencia fallan o son manipulados por el ciclo político, algo frecuente en Colombia con el Sisbén.


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