La Libertad Económica, es parte esencial de la libertad en general, que los ciudadanos gozan en las sociedades que tienen como modelo la Democracia Liberal.
Todas las formas de autocracia, como el estado castrista cubano o el estado social bolivariano se basan en restringir la libertad individual, convirtiendo al ciudadano en parte de una masa, empezando por restringir la libertad económica basado en el concepto de juego de suma cero (ver columna del día 7 de noviembre, Juegos que no son Juego). Híbridos como el colombiano, una especie de democracia liberal restringida con incrustaciones de estado colectivista, están en peligro de caer del lado colectivista, si no tomamos medidas en dirección a fortalecer la democracia liberal, empezando por la libertad económica, que no es otra cosa que la posibilidad que los individuos y sus familias tomen libremente sus decisiones económicas.
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga en Colombia es el encargado de impulsar el análisis y la divulgación del Índice de Libertad Económica (ILE). El índice provee una descripción holística de la economía al examinar seis dimensiones de política económica que agrupan 42 variables. Se califica de 1 a 10, siendo 1 una economía sin ninguna libertad económica y 10, total libertad económica. El índice se correlaciona de manera directa con la prosperidad y el bienestar económico de cada estado; buen índice, economía más prospera.
Las cinco dimensiones estudiadas son: Tamaño del Gobierno, Estructura Legal y Seguridad de los Derechos de Propiedad, la Disparidad de Genero, Acceso a Dinero Sano, Libertad para el Comercio Internacional y Regulación Laboral, Crediticia y Empresarial. Para 2020, en un universo de 162 países, Colombia se ubica en el puesto 92, es decir en la parte media inferior de la tabla. Analizando el período entre 1995 y 2018, Colombia se ubica, en promedio, por debajo de la media mundial y de la media suramericana. A partir de 2010 Colombia empezó a superar la media suramericana, no por el buen desempeño del país, sino principalmente por el desplome de Venezuela y Argentina.
Pero más interesante es ver cómo estamos en cada dimensión. En regulación laboral somos el país 110 de los 162, lejos del puesto promedio 92. En regulación de negocios el 100. Para nadie es un secreto que la regulación laboral con enfoque único e inflexible en los “derechos” de los trabajadores, conlleva a que contratar un empleado signifique un costo económico y legal cada vez mayor, que desestimula la contratación. La regulación empresarial hace que liquidar una empresa sea un proceso que tarda años, en los cuales se esculca que “debe” la empresa.
En libertad para el comercio internacional ocupamos el puesto 109; basta leer las resoluciones DIAN para saber que importar o exportar en Colombia es casi un acto de fe. La razón de fondo es que el papel de la DIAN es de ente alcabalero; busca de los contribuyentes todo el dinero que pueda extraer para un gobierno con gastos crecientes y casi ilimitados. Es un ente al servicio del gobierno, no de la sociedad. Y finalmente, sin sorpresa, somos el país 108 en estructura legal.
No es para nadie un secreto que el poder judicial en Colombia se politizó e ideologizó hasta tal punto que hace cada más inviable el desarrollo del país. Es un sistema judicial de corte izquierdista, opuesto a la libre empresa y que ve con malos ojos la economía de mercado, más afín a la economía colectivista que a la democracia liberal, todo eso tras la cortina de humo del estado social de derecho. Y en acceso a dinero sano somos el puesto 93. Acceder a un crédito, dice un chiste, es solo para el que pruebe que no lo necesita; además, la diferencia entre tasas de colocación y las tasas de captación casi extorsivas.
Lo más resaltable del Índice de Libertad Económica es que solo confirma que como vamos, vamos mal.
