La condición mínima para que una sociedad funcione, condición necesaria pero no suficiente, es que haya seguridad; que el núcleo social cuente con quien lo defienda de los violentos e ilegales es el elemento base para que una sociedad se funde. La segunda condición, basada en la primera, necesaria también, aunque tampoco suficiente, es que haya apropiada justicia. Cuando las dos se erosionan, los caminos alternativos son bastante complejos: una autocracia controlada por minorías violentas e ilegales, o una reacción de la mayoría que cree un conflicto tratando de romper el poder mafioso.
Es de todos sabido que la justicia en Colombia no funciona pues se volvió corrupta, teniendo en el poder ejecutivo su rector con la contraprestación de mermelada. Lo cual explica que ante la corrupción política a viva voz, reflejada en la compra de congresistas para aprobar los proyectos del gobierno, la asignación milimétrica de “auxilios parlamentarios” solo a los “aliados” del gobierno y la repartición de entidades, mediadas por la propuesta “legislativa” de no aplicar la ley de suspensión de la contratación estatal en época electoral para “seguir con la paz”, sin que haya una sola investigación en las altas cortes, hace patente el colapso judicial colombiano. Quienes, además, de esa manera “colaboran” en el desarrollo de un gran fraude electoral, ya que en estas elecciones parlamentarias y presidenciales va a “correr plata” para “defender la paz”. Y la justicia dándole “base jurídica” a la corrupción “fast track”. Y ahora se amenaza con gobierno estilo Maduro: por decretos presidenciales. Tocamos fondo.
¿Y de la seguridad que? Nada. En posconflicto, caracterizado por “disidencias” que matan militares y policías, la coca se expande como un río, el fortalecimiento de todo tipo de ilegales que navegan felices en ese mar de “locura judicial”, donde los narcotraficantes piden “proceso de paz”, que les dejen “desarrollar” su negocio ante el “incumplimiento del estado”, los contrabandistas se toman las fronteras, la inseguridad urbana crece exponencialmente, mientras la policía pone comparendos de tránsito para cumplir “presupuesto”. Y los gasoductos se “rompen” en “cese al fuego”. Seguridad y justicia en jaque; estado fallido a la vista.
Después de Santos hay que volver a empezar, como Sísifo, pues el gobierno con ayuda de los medios de comunicación “amantes de la paz” y la mermelada, nos llenan de posverdades. Un cómico gringo dijo que Washington jamás decía mentiras, Nixon jamás decía la verdad y Reagan no sabía la diferencia. Adaptándola a lo criollo podemos decir que Luis Carlos Galán sólo decía la verdad, Santos sólo dice mentiras y Samper no sabe la diferencia. Incluyó a Galán como presidente porque no lo fue por las balas de esos ilegales.
La frontera en Cúcuta, influenciada por la “zona de paz” del Catatumbo no cuenta para nada en el gobierno nacional, como lo mostró la venida del gabinete ministerial en el cierre fronterizo para definir cuantas raciones de comida se necesitaban, o los cuatro ministros que vinieron hace unos días a dar unas moneditas a la región, lo cual también explica que debamos andar solos el camino de la degradación de la seguridad en la frontera. El contrabando a domicilio terminará de acabar el comercio, la coca se seguirá expandiendo en el Catatumbo, las mafias bolivarianas seguirán dominando la frontera y los ciudadanos decentes seguirán sometidos a pagar los impuestos a un gobierno que “los necesita”, so pena de ser ejecutados.
Deberíamos exigir a los candidatos del próximo gobierno unos mínimos compromisos para apoyarlos. Y entre ellos, la seguridad es el primer punto del pliego de exigencias. Cúcuta, por su ubicación y nivel de riesgo debería contar con una división de ejército, una base aérea y una brigada de infantería de marina, en terrenos que el área metropolitana puede donar. El país debe volver a empezar a reconstruirse y Cúcuta también, si logramos neutralizar el golpe de estado electoral que pretende el gobierno Santos. Otra vez estoy soñando.
