Como se recordará, en Chile está vigente la Constitución de 1980, puesta en vigencia durante la dictadura de Augusto Pinochet, que desde hace tiempo los chilenos quieren sustituir por una verdaderamente democrática, pluralista, igualitaria y participativa, que consagre y permita hacer efectivos las garantías y las libertades, en busca de un Estado Social de Derecho.
En 2020, después de un estallido social de grandes proporciones, el gobierno se vio precisado a convocar al pueblo, para escucharlo y propiciar -por la vía pacífica y democrática- los cambios de orden político, económico y social a los que aspira la ciudadanía. Se inició un proceso político que tuvo un momento determinante, mediante el trámite de una consulta plebiscitaria acerca de la continuidad o sustitución de la Carta Política vigente. En histórico plebiscito, votado el 25 de octubre de 2020, y por abrumadora mayoría, el pueblo adoptó la decisión de evolucionar hacia un nuevo orden constitucional, merced al legítimo ejercicio de la soberanía popular.
No se procedió como lo hicimos en Colombia en 1990, eligiendo un cuerpo constituyente habilitado para poner en vigencia la Carta Política, sino que se pactó una agenda con varias etapas, hasta llegar a la aprobación, por el mismo pueblo, de una nueva Constitución. Fueron elegidos, por voto popular, los integrantes de una Convención Constitucional, encargada de redactar el proyecto. Su gestión culminó el 29 de junio de 2022. El siguiente paso tendría lugar el 4 de septiembre, cuando sería votado un nuevo plebiscito: el pueblo decidiría si aprobaba o rechazaba el texto elaborado por la Convención Constitucional.
El pasado domingo, 4 de septiembre de 2022, fue votado el plebiscito. Se preguntaba a los votantes si aprobaban o rechazaban el texto proveniente de la Convención Constitucional. El resultado fue contundente: con más del 61% de los votos depositados -era obligatorio sufragar- los ciudadanos chilenos decidieron rechazar el documento. Para la mayoría, esa no debía ser su Constitución.
Hubo alguna desinformación, y muchos -entre ellos el presidente colombiano- estimaron que, en razón de los resultados, revivía el ordenamiento dictatorial y que el pueblo había expresado su voluntad en el sentido de continuar gobernado bajo la Constitución de Pinochet. Basta recordar que las dos opciones -aprobación o rechazo- recaían sobre el texto elaborado por la Convención Constitucional, y escuchar lo afirmado por los dirigentes que lideraron el “rechazo”, para ver que esas conclusiones son erróneas. Ni revivió Pinochet, ni se hundió la posibilidad de acordar, redactar y poner en vigencia una nueva Constitución.
Desde luego, los resultados del domingo pasado significan un golpe político al presidente Gabriel Boric, quien introducirá cambios en su equipo de gobierno y convocará nuevas consultas, pero de ninguna manera se ha frustrado el proceso constituyente. El carácter vinculante del plebiscito se circunscribe a la pregunta formulada: si los votantes rechazaban o aprobaban un texto determinado. Lo rechazaron por abultada mayoría, pero se debe cumplir la dispuesto en el Plebiscito de 2020: reemplazar la Constitución actual y proyectar otra, que es seguramente lo que intentará el presidente Boric -a ello se ha comprometido públicamente-, mediante el diálogo y con el concurso del Congreso y de los partidos políticos. En democracia. Sigue el proceso constituyente.
