Los confinamientos implementados para atajar la propagación de la COVID-19 nos dejaron un desempleo del 15,9% para 31 de diciembre de 2020, 1.300.000 desempleados más. Para enero era 17,3%.
Como resultado, la pobreza aumentó un 6.2%, tres millones más de pobres, y se trepó al 41.9%. Aunque la red de asistencia social del Estado es indispensable para evitar una descolgada a la miseria, es un error apostarle como solución estructural al desafío. Es imposible que supla a los efectos sociales de la creación de empleo. Aunque la cifra habrá variado un poco por la pandemia, en el 2019 el Estado solo generaba el 4.5% del empleo. El 95.5% correspondía a los privados. No hay manera de que el Estado, aún si se expandiera, pueda cubrir lo que el sector privado genera. Por otro lado, Ingreso Solidario transfiere 160.000 pesos mensuales a los beneficiarios, apenas el 15% de un salario mínimo. Los ejemplos demuestran que la apuesta contra el desempleo y la pobreza no puede ser la del crecimiento del Estado.
No hay duda alguna de que no hay mejor política social que generar empleo y que es el empleo el mejor mecanismo para reducir la pobreza. Es desde esa perspectiva que habría que mirar la reforma tributaria.
He leído con cuidado el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios de la DIAN, el Diagnóstico del Sistema Tributario de la CEPAL y la Reforma para una Colombia post Covid de Fedesarrollo.
Hay elementos coincidentes. Señalo algunos: 1. Los ingresos fiscales han sido tradicionalmente insuficientes para financiar el gasto público. 2. La pandemia aumentó el gasto público, la deuda externa y el déficit fiscal. 3. El sistema tributario es excesivamente complejo y hay que simplificarlo. 4. Nuestra estructura tributaria está desbalanceada. La mayor parte de los ingresos tributarios tiene su origen en el IVA y otros impuestos sobre bienes y servicios y muy poco en la renta de personas naturales. 5. Hay que ampliar la base tributaria. 6. La renta de las sociedades es muy alta. 7. Hay que examinar exenciones, exclusiones y deducciones. 8. El impacto de la tributación sobre la desigualdad es muy pequeño. 9. Ninguno de los estudios hace una evaluación a fondo del impacto de sus propuestas ni en materia de generación de empleo ni sobre la supervivencia de las micro y pequeñas empresas.
Los independientes y los pequeños y microempresarios, que son el 98% de las empresas del país y generan el 71% del empleo, apenas empiezan a sacar cabeza después de los golpes feroces que sufrieron por cuenta de los confinamientos y muchos no podrán soportar en este momento subirles los impuestos.
Aumentar los impuestos ahora solo traería como consecuencia mayor desempleo e informalidad, aumentaría la inversión y ahondaría la crisis. Lo que necesitamos es crear tanto empleo como sea posible y de la manera más rápida que podamos. Una reforma que aumente los impuestos va en contra de ese propósito.
Además, no es menos cierto que el presupuesto nacional no ha hecho sino crecer. En el 2010 era 148 billones, en el 2018 de 235 y para este año ya es de 314 billones. En doce años creció más del ciento por ciento y los gastos de funcionamiento se han triplicado desde el 2010.
Antes de meterle una vez más la mano al bolsillo de los ciudadanos hay que estudiar la naturaleza y calidad del gasto público, recortar los gastos de funcionamiento, ser austeros, ahorrar y ser efectivos en la lucha contra la evasión, la elusión y la corrupción. Y hay que dar tiempo para la recuperación. Después de eso, ahí sí, la pendiente reforma estructural.
