Recientemente circuló una noticia, atribuida al candidato Abelardo de la Espriella y negada por él, según la cual unas cuarenta entidades del Estado serían eliminadas o privatizadas. Entre ellas, el Instituto Geográfico Agustìn Codazzi – IGAC-.

Deseo comenzar mi defensa del Instituto, comparando lo que ocurre en el Estado, con lo que pasa en las familias. En estas últimas, hay hermanos que por distintas razones crecen en condiciones diferentes entre sí; unos son estudiosos, otros vagos, algunos son privilegiados económica y socialmente por sus mismos padres, frente a otros que, pese a hacer labores juiciosas e importantes no reciben ni la atención, el apoyo, el reconocimiento de sus familias y terminan invisibilizados.

El caso del IGAC, refleja lo antes dicho. La Entidad cumplirá el próximo 13 de agosto, 91 años de vida institucional y su creación, en 1935, durante el gobierno del presidente Alfonso Lòpez Pumarejo, obedeció a la necesidad del país de contar con cartografía de precisión, luego del conflicto entre Colombia y Perú.

Posteriormente, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, en 1957, mediante Decreto 290 de ese año, que reorganizó al Instituto, le entregó la responsabilidad de formar, actualizar y conservar el catastro nacional, es decir, adelantar el inventario o censo de los predios para determinar las características físicas (ubicación, áreas y linderos); lo económico, su avalúo catastral y los aspectos jurídicos, referidos a su identificación, propietarios o poseedores.

Así mismo, el Registro, comparte estas responsabilidades con el Catastro, respecto de la propiedad y derechos de los inmuebles; su primer asomo a la vida institucional se dio en 1821, con la Constitución de Cúcuta.

En un breve repaso, hoy día, el IGAC, sea quien sea el próximo presidente deberá tenerse en cuenta, para garantizar paz con orden, liberar a las poblaciones secuestradas por los grupos narcoguerrilleros y reorientar el desarrollo del país y su recuperación económica. Quien llegue al poder, no podrá meterse en una guerra de 1460 días o en el embeleco de una paz total de la misma duración y sin condiciones mínimas. La guerra que promete Abelardo contra los grupos armados irregulares deberá comenzarla pronto y paralelamente, diseñar el marco de un proceso de sometimiento o un Acuerdo puntual y breve.

Si el presidente es Cepeda, no puede dejarse ganar de sus sesgos y cariño con las “guerrillas” y, lo pongo entrecomillado, porque esas guerrillas ideológicas surgidas a mitad del siglo pasado, hace rato dejaron de serlo e hicieron tránsito al aparato criminal y narco que hoy tenemos, que trasladaron “su guerra” a las zonas urbanas y que, como botón de muestra, tenemos a Cúcuta.

Mientras tanto, el Ordenamiento Territorial de Colombia sigue en veremos. El estudio de suelos necesarios a escalas 1:5.000 y 1:10.000 se le debe al país, para su mayor identificación, precisión y asertividad en la planificación del territorio; la formalización de predios en lo rural avanza a paso de tortuga; la industrialización de la producción agropecuaria; los conflictos de límites interdepartamentales, irresolutos, entre otros tantos temas de competencia del IGAC, no pueden, no deben desparecer.

En mayo de 2018 entre el IGAC y la Supernotariado, suscribimos la primera resolución para adoptar el llamado modelo Land Administration Domain Model o Modelo estándar LADM_Col, con el propósito de integrar la información del Catastro con el Registro de la propiedad, para que se “hablaran los sistemas” intercambiándose información y lograr la interoperabilidad de dichos sistemas de información territorial.

Lo anterior, para dirimir esas situaciones que todos los días sufre el ciudadano común y corriente: conflictos de linderos, áreas que pese a figurar en las escrituras públicas en la realidad no corresponden y que lo obligan al martirio de desandar entre las dos entidades buscando resolver el asunto. En su momento, en los tiempos en que se discutía el Acuerdo de Paz, suscrito en 2016, propusimos que se fusionaran las dos entidades, el IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro y se creara la Superintendencia de Catastro. Propusimos, así mismo, que se invirtiera el ciclo de la propiedad, es decir, que dicho ciclo comience por el Catastro, que identifica con precisión las áreas de los predios y luego sí se eleve a Escritura Pública, a la que se le adjunte un Plano Predial Catastral, evitando conflictos y evitar llenar a los jueces de procesos.

Aparte de lo anterior, por supuesto el IGAC, en una eventual reforma, deberá continuar siendo la máxima autoridad catastral. El encargado de la Cartografía oficial. La autoridad nacional en suelos.

Pero, al IGAC, después del gobierno Santos, que supo aprovecharlo como su apoyo técnico, se le ha tratado como a esos hermanos pobres, pero de formación importante.

Celebré como su director general el cumpleaños número 80 y hasta entonces solo fuimos 13 directores generales, lo que muestra la responsabilidad y seriedad con que fue tratado el Instituto. Luego, el desprecio e irresponsabilidad con que fue maltratado por el presidente Duque quedó patentizado: 5 directores en 4 años, la última directora, una reina del carnaval de Barranquilla.

Entonces, apreciado doctor Abelardo, aunque me quedo corto en estas breves reflexiones para destacar la importancia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, respetuosamente le sugiero, si cuento con el honor de ser leídas mis líneas, replantear la opción de eliminarlo. Sí fortalecerlo y, quizás, convertirlo en lo que algún día se propuso, en la Superintendencia de Catastro, fusionando objetivos y quehaceres, de la Supernotariado.

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