El gobierno quiere reducir precios de energía, una meta loable, pero si es mal implementada tendría consecuencias nefastas. Las alegrías del presente, pueden ser las pesadillas del mañana. Casi siempre congelar precios acaba con escasez de producto, falta de modernización y mal servicio. En energía, un ejercicio populista fácilmente nos puede llevar a un racionamiento. Aún con la decisión del Consejo de Estado, el presidente nombrará tres delegados, con los que, más el Vice de energía, tendrá mayoría en la Comisión de Regulación de Energía (CREG). Ojalá las voces técnicas sean escuchadas.
Bajos precios de energía alivian el bolsillo de los hogares, mientras que incentivan producción estimulando empleo. El reto de la transición energética es que la justicia social no siempre está alineada con la sostenibilidad ambiental. La transición energética requiere de inversión: hay que instalar paneles solares, molinos de viento y fábricas de hidrógeno. Si por precios los proyectos no son rentables, simplemente no se hacen, hay que mantener un balance. Elevar el estándar ambiental cuesta más, hay que hacerlo, pero con transición. Promover la oferta y mejorar la vigilancia nos puede dar la misma reducción en precios, pero sostenibles en el largo plazo.
El fracaso de la resolución de la Creg y Min Minas en octubre no debe llevar a acciones equivocadas. Fácilmente se podría revisar la exportación de energía a Ecuador que reduce la oferta disponible entre 4-5% o revisar el precio de exportación para proteger la tarifa nacional. Es como si Hidroituango se hubiera construido para atender a Ecuador y su energía no entrara para la demanda colombiana.
Según XM, operador del mercado colombiano, el año pasado se realizaron vertimientos equivalentes a 17% de la demanda de energía. Las hidroeléctricas, en vez de tener agua disponible para generar, la vertieron, con lo cual disminuyó la oferta de energía barata de hidro. Esto implica el despacho de otras energías más costosas; se debería sancionar generadores de hidroeléctricas que desembalsan por razones comerciales, como mínimo cobrar el desembalse.
Igualmente, en el espíritu de las alianzas público populares, se podría sustituir los subsidios por pérdidas de energía, por la constitución de prestadores solares comunitarios. Estos reducirían los subsidios que actualmente se reconocen, tendrían a las juntas de acción comunal como accionistas con el arduo trabajo del control social de no pago. Actualmente, en las costas, esto podría ser entre el 14% y el 20% de la demanda como 400 MW. Es convertir un subsidio en un activo permanente.
Hay muchas cosas por ver: recalcular el costo de capital, flexibilizar el esquema de garantías e inversiones, ajustar la definición del índice de precios al productor, acelerar las metas de medición inteligente, créditos blandos temporales, entre muchas cosas. Para empezar, se le deben dar facultades más robustas de vigilancia a la Súper de Servicios.
Una decisión de congelar precios no solo conduciría hacia un racionamiento, sino que mataría la esperanza de transición energética. No se nos puede olvidar que este año hay niño y los precios de carbón están por el cielo. El ambiente de inversión está en deterioro, si se suma la mala regulación, las consecuencias serían terribles.
