Para que Colombia sea la potencia mundial de la vida que deseamos, es necesario pensar en la forma como está organizado el Estado colombiano y los retos que hoy enfrenta: la cuarta revolución industrial y las nuevas tecnologías, el tránsito hacia la consolidación de la paz total y, en general, los desafíos inherentes al siglo XXI y un mundo cada vez más interconectado.

Es por este motivo que, en el Gobierno del Cambio, encabezado por nuestro presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, debemos modernizar el Estado y desde Función Pública vamos a liderar dicha tarea. No podemos enfrentar la tercera década del siglo XXI con una estructura institucional que lleva más de 60 años sin reformarse de manera sustancial.

Para que Colombia sea un Estado moderno y progresista, con la capacidad para efectuar los cambios que el país necesita –y eligió democráticamente– actualizar su arquitectura para la administración pública.

La estructura institucional con la que actualmente opera el Estado data de mediados del siglo XX. En 1958, cuando Colombia entró en el Frente Nacional tras superar el Gobierno militar de Rojas Pinilla, se realizó una primera reforma incipiente a la estructura de la Rama Ejecutiva. Esta pretendía dar mayor participación en el ámbito institucional y posibilitar la apertura después del periodo de rigidez política en el cual se vio inmerso el país en las décadas anteriores.

En esta etapa se promovieron iniciativas para que el Estado contara con herramientas de planeación contundentes, así como un talento humano más preparado y tecnificado. Sin embargo, estas reformas derivaron en el incremento del número de entidades y en la duplicación de funciones. Adicionalmente, esta transformación tuvo un enfoque de intervención estatal en los ámbitos económico y social, y se consolidó con un modelo de prestación de servicios.

Vale señalar que el modelo de prestación de servicios se ha mantenido hasta el día de hoy y ha precarizado el empleo público. Por esto una de las grandes apuestas del Gobierno del Cambio es la Formalización Laboral para dignificar a quienes trabajan con el Estado.

No obstante, la reforma más grande que ha tenido el Estado ocurrió diez años después, en 1968, bajo el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Durante su mandato se corrigió la ambigüedad y duplicidad de funciones en las instituciones y se puso en marcha la descentralización administrativa. Esto le permitió a la Rama Ejecutiva ser más eficiente al delimitar las labores misionales de las entidades y reducir su intervención en otros temas transversales.

Con este ajuste institucional, los ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas pudieron asumir funciones más claras en la administración pública, el empleo público se organizó y la estructura administrativa de la Rama Ejecutiva dio muestras de modernidad.  

Pero, tras esa reorganización, pasó un cuarto de siglo antes de que se volviera a revisar la estructura del Estado hasta la Constitución Política de 1991. Con la nueva carta magna se realizaron una serie de reformas enfocadas en una gestión estatal más eficiente y que garantizara una prestación de servicios para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Estas reformas, en mayor o menor medida, se implementaron a lo largo de la última década del siglo XX.

Por esto, para generar el cambio que propuso el Gobierno y que apoyaron los colombianos y colombianas en las urnas, es necesario modernizar el Estado y su arquitectura, con un diseño que mire hacia adelante, tenga como eje central al ser humano y responda a los desafíos de la Colombia del siglo XXI. No podemos quedarnos mirando el espejo retrovisor con un modelo de Estado pensado para mediados del siglo XX.