En el marco de las negociaciones de paz con las Farc son muchas las posiciones que  la sociedad civil asume, las hay de todos los matices, pero en general hay una que creo transversaliza todas las conciencias de los colombianos de bien y que al mejor estilo  de la filosofía lógica y elemental de Pambelé; determina que es mejor vivir en paz que en guerra.

Ahora bien, si de orígenes, elemento humano involucrado y  campos de batalla se trata, ha sido el sector rural y particularmente el agropecuario el mayor aportarte en una batalla que ya supera medio siglo de angustia y cientos de miles de tristísimas historias.

Por eso no hay sector de la vida nacional más interesado en que esta sí sea la “vencida” y en lo que falta para su declaración final – o inicial piensan algunos – el gobierno, que representa a 45 millones de habitantes, se ponga serio y deje de estar pensando en premios nobel o vanidosos reconocimientos de la burocracia internacional.

Preocupa dentro de ese marco de discusiones la orden que fuera dada por el presidente de la república en cuanto a la suspensión de la vigencia de los salvoconductos para el porte de armas, amparado en unas estadísticas parciales y que por su limitada evaluación en el tiempo, no reflejan de manera fiel la efectividad de la medida.

Experiencias, todas ellas urbanas como las de Medellín o Cali no interpretan el riesgo de un ganadero, agricultor o simplemente hombre de campo, que tiene que desplazarse todos los días por solas y deterioradas carreteras veredales, expuesto a toda serie de delincuentes que ya deben estar haciendo planes para atropellar su integridad personal y sus bienes.

Cuanto quisiéramos los colombianos en general poder desarrollar nuestras actividades cotidianas al amparo de la obligación que tiene el estado por proteger la vida honra y bienes de los ciudadanos. Aquí va bien aquella frase: “legislamos para Dinamarca, pero estamos en Cundinamarca”.

Aunque entendemos la medida como el deseo del presidente Santos por querer demostrar una recuperación en los temas de seguridad nacional, desaprobamos la estrategia y no queremos que hechos lamentables tengan que ocurrir para que tan absurda medida sea levantada.        

En sintonía con la norma, se establece allí la posibilidad de acceder a “permisos especiales” que por experiencias anteriores y comparables, se prestan para caprichosas interpretaciones que en el mejor de los casos resultan en una casi imposible obtención por parte de cientos de anónimos ciudadanos que han hecho uso de ese derecho con toda madurez y que quedarán inermes en medio de una sociedad que aún dista mucho de lograr niveles de seguridad que no ameriten el porte autorizado de esos incómodos  elementos de defensa personal.  

(*) Presidente Coganor