El exceso en el uso de la fuerza por parte de patrulleros de la Policía en el caso de Javier Ordoñez está fuera de discusión. Además del video donde se hace evidente el abuso del arma de electrochoque, innecesario cuando Ordoñez estaba ya sometido, está el informe de Medicina Legal que probaría que fue golpeado después de haber sido detenido y que esos golpes le ocasionaron la muerte. La justicia debe actuar con rapidez y sancionar con severidad a los asesinos.
Que los responsables hayan sido policías solo agrava el homicidio. La Policía tiene por tarea proteger a los ciudadanos, asegurar que tengan “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades” y “que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Los policías no puede ser un riesgo para los ciudadanos, no los pueden poner en peligro.
De manera que hay que condenar con contundencia la conducta criminal de los patrulleros responsables del homicidio de Ordoñez. Ahora, no es la primera vez que unos policías se exceden en el uso de la fuerza o cometen un delito. Hubo altos oficiales en la nómina de los narcos, involucrados en secuestros, infiltrados por la guerrilla, incluso asesinos. Pero son la excepción, no la norma. Que haya habido delincuentes uniformados no significa que la Policía como un todo sea narcotraficante, secuestradora, guerrillera u homicida. No debe confundirse el delito de unos pocos policías con el comportamiento de toda la Policía, como hacen con perversa intención políticos de la izquierda radical. La conducta de unos pocos no puede extenderse a todos o a responsabilizar a la institución.
Y que ocurran esos delitos no significa que la Policía no esté formando de la manera adecuada a sus miembros o que los procedimientos policiales sean inadecuados. Pueden revisarse, por supuesto, porque quizás tengan alguna falla o, en todo caso, pueden mejorarse. Incluso hay que incorporar nuevas tecnologías y generalizar su uso. Cámaras individuales, en patrullas y en los CAI, que sirven tanto para monitorear el comportamiento de los policías como para luchar contra los delincuentes y judicializarlos. Pero todo hay que hacerlo con el ánimo constructivo de hacer más fuerte a la Policía y no de debilitarla, como buscan muchos.
Desarmar la Policía, como han propuesto, es una soberana tontería. No hay hoy en el mundo un cuerpo policial que no cuente con armas de fuego. Incluso los famosos bobbies ingleses, que por tantos años vigilaron solo con bastón policial, aerosol de pimienta y, más recientemente con armas de electrochoque, hoy cargan y tienen autorización para usar armas de fuego. Y sus desafíos en materia de seguridad y la lucha contra el terrorismo son muchísimo menores que los nuestros. En un país como Colombia, con el narcotráfico más fuerte que nunca, el conflicto armado vivo y con una tasa de homicidios de 25,05 por cien mil habitantes, sería un despropósito que solo traería más violencia y más muertes.
Hay quienes proponen el traslado de la Policía al Ministerio del Interior. Alegan que la Policía está militarizada. No lo está. La Policía es de naturaleza civil y esa naturaleza no cambia porque esté dentro de la estructura del Ministerio de Defensa. El Ministro de Defensa es civil. La Policía no tiene ninguna dependencia o subordinación a las Fuerzas Militares. Es plenamente autónoma y su formación e integración es civil, no militar. Acá no tenemos ni siquiera policías de naturaleza militar como la Guardia Civil española, los Carabinieri en Italia, la Gendarmería francesa o los Carabineros chilenos. Y no sobra recordar que si la Policía está en la órbita de Defensa es porque cuando estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó y fue usada políticamente. Su profesionalización definitiva se consiguió en su traslado a Defensa. Y sigue siendo importante que siga ahí mientras que sea necesario facilitar el trabajo coordinado entre las FF.MM. y la Policía para enfrentar narcotráfico y grupos armados ilegales.
Ahora, lo que sí hay que estudiar pero de ello no se habla, es de devolver a los policías su derecho a votar. En las circunstancias actuales no tiene sentido semejante restricción a los derechos políticos de los policías.
