El debate sobre el fracking en Colombia viene presentándose como una pelea entre dos trincheras: de un lado, quienes lo consideran indispensable para la seguridad energética; del otro, quienes lo ven como una negación de la transición. Esa discusión binaria es cómoda, pero científicamente insuficiente. La pregunta relevante no es solo si debe hacerse, sino para qué, durante cuánto tiempo, bajo cuáles límites y dentro de qué trayectoria de descarbonización.
Colombia tiene una vulnerabilidad real. Según estimaciones recientes, las reservas probadas de gas equivalían a 5,9 años de producción. Esto exige decisiones sobre abastecimiento, precios e importaciones, pero no demuestra automáticamente que el fracking sea la mejor respuesta. Una reserva adicional puede fortalecer la seguridad energética o, por el contrario, prolongar la dependencia fósil y desplazar inversiones en redes, almacenamiento, eficiencia y energías renovables.
El gas natural emite menos dióxido de carbono que el carbón durante su combustión, pero esa comparación no basta. Su desempeño climático depende también de las fugas de metano durante la extracción, el procesamiento y el transporte. El IPCC advierte que las emisiones fugitivas representan una fracción importante de las emisiones del sistema energético, mientras la Agencia Internacional de Energía estima que cerca del 75 % del metano del sector de petróleo y gas podría reducirse con tecnologías ya disponibles. Por eso, llamar al gas “combustible de transición” sin medir sus emisiones reales es más un eslogan que una conclusión científica.
También existen riesgos territoriales. La evidencia recopilada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos muestra que el ciclo hídrico del fracking puede afectar fuentes de agua bajo determinadas circunstancias, especialmente por derrames, fallas en la integridad de los pozos, disposición inadecuada de aguas residuales o extracción intensiva en zonas con escasez. No significa que todo proyecto produzca inevitablemente el mismo daño, pero sí que el riesgo es real, localizado y dependiente de la calidad institucional.
Entonces, ¿para qué fracking? Si es para sostener indefinidamente la renta petrolera, aumentar exportaciones o aplazar la transformación productiva, la respuesta debería ser no. La Agencia Internacional de Energía señala que una trayectoria compatible con cero emisiones netas no requiere nuevos proyectos de petróleo y gas de largo desarrollo y advierte sobre el riesgo de inversiones que terminen convertidas en activos varados.
Pero si se plantea como una medida limitada para cubrir déficits internos difíciles de sustituir, reducir importaciones costosas y respaldar temporalmente un sistema eléctrico con mayor participación renovable, la discusión merece condiciones verificables: horizonte de cierre, presupuesto máximo de carbono, medición independiente de metano, protección de acuíferos, participación territorial, garantías financieras para el abandono de pozos y destinación obligatoria de parte de las rentas a almacenamiento, redes, eficiencia y reconversión laboral.
La transición energética no consiste en apagar hoy todo lo fósil ni en explotarlo hasta que se acabe. Consiste en administrar deliberadamente su declive mientras se construye el sistema que lo reemplazará. El fracking solo podría llamarse “puente” si sabemos hacia dónde conduce, cuánto mide y cuándo será desmontado. De lo contrario, no sería un puente: sería otra carretera hacia la dependencia.
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