La urgencia: si en el 2013 había 48.000 hectáreas de coca, en el 2019 teníamos 154.000, tres veces más. En el mismo período la producción de coca se cuadruplicó, de 290 toneladas a 1.137. Como consecuencia, el conflicto armado sigue vivo, el jefe negociador de las Farc y su segundo, Márquez y Santrich, se devolvieron al monte a seguir traficando, y la violencia homicida en el 2019 fue mayor que en el 15, antes del pacto con las Farc. Vivimos en un mar de coca y sin aspersión aérea con glifosato no podremos detener la inundación.
La alternativa: en realidad no hay. Así lo demuestran las cifras de crecimiento de narcocultivos desde que se suspendió la aspersión aérea. Además la erradicación manual es mucho más lenta, costosa, ineficiente y, sobretodo, peligrosa. Entre 2010 y 2019, 126 personas murieron en tareas de erradicación manual y 664 más resultaron gravemente lesionadas.
El principio de precaución: la Corte Constitucional sostuvo que, en virtud de ese principio, había que suspender la aspersión aérea con glifosato por sus eventuales riesgos para la salud. Para eso se basó en que la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó el glifosato en la lista 2A, como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, sosteniendo que hay pruebas “no concluyentes” de que puede causar linfoma No Hodgkin.
La verdad: el glifosato es, de lejos, el herbicida más usado en el mundo, se vende desde 1974 en casi todo el planeta, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, y en esos países ha sido evaluado y aprobado su uso, una y otra vez, por sus autoridades ambientales y de salud. No hay razón para pensar que esas autoridades no han sido juiciosas en sus evaluaciones o que tengan motivos para no proteger su medio ambiente o la salud de sus habitantes. En Colombia no hay ningún estudio sobre los casos de linfoma de No Hodgkin y su eventual relación con el herbicida. A propósito, ese linfoma es el más frecuente, con una prevalencia, entre 2014 y 2019, cuando no hubo aspersión aérea de coca con glifosato, de 59,2 casos por cada 100.000 habitantes. No hay ningún dato que haga pensar que esos casos tienen relación con otra forma de uso del glifosato y no he encontrado cifras para comparar la prevalencia antes y después de la suspensión ordenada por la Corte.
La realidad: la decisión de la Corte fue claramente política. A la Constitucional no le importaban la vida y la salud de los colombianos sino apoyar a Santos y a las Farc en su decisión de parar la aspersión aérea. Si le importaran ya se hubiera pronunciado sobre los otros 82 agentes que están en la lista 2A junto con el glifosato o al menos hubiera dicho algo sobre los 120 agentes que están en el grupo 1 sobre los que hay pruebas inequívocas de que son “carcinógenos para el ser humano”. Sobre todos esos agentes el silencio ha sido total.
Los cultivos: en Colombia se usan alrededor de diez millones de litros anuales de glifosato. 450.000, menos del 5%, son para fumigar coca. El 95,5% se aplica en toda clase cultivos lícitos, entre ellos, banano, cacao, café, flores, frutales y hortalizas, y palma. Para quienes dicen que el problema no es el glifosato sino la aspersión aérea, hay que recordarles que en nuestro país se aplica así en el arroz y la caña, por ejemplo.
El gobierno: tres años casi sin reanudar la aspersión con glifosato. Ahora, por fin, tiene una hoja de ruta para hacerlo con el decreto 380 expedido esta semana. Ojalá la cumplan y sea rápido.
