La esotérica ministra de Ciencias, en su primera declaración pública, se vino lanza en ristre contra el fracking y el uso del glifosato. Vale la pena darle una mirada al herbicida.
El glifosato es el herbicida más usado en el mundo. Es vendido y usado en prácticamente todos los países del mundo, incluyendo Canadá, Japón y la Unión Europea, con la aprobación de sus autoridades ambientales, de alimentación y salud. Fue introducido al mercado en 1974 por Monsanto, bajo la marca Roundup. Sin embargo, la patente de la molécula venció en el 2000 y desde entonces son decenas las compañías que fabrican herbicidas que tienen el glifosato como principal ingrediente activo. Hoy el principal productor de glifosato es China que, a estas alturas, controla el 30% del mercado.
En Colombia hay poco más de 700 formulaciones de herbicidas aprobadas para proteger cultivos. De ellas, 118 tienen glifosato como ingrediente activo. En Colombia lo fabrican 45 compañías diferentes.
En Colombia, el glifosato se aplica en toda clase cultivos lícitos, tanto por vía aérea, por ejemplo en arroz, y caña de azúcar, como con tractor y con bomba espaldera, en flores, palma, cacao, café, banano y toda clase frutales y hortalizas. Se usan alrededor de diez millones de litros anuales. De ellos, menos del 5%, 450.000, fueron para fumigar coca. Si se dejara de usar el glifosato se calcula que la producción agrícola caería entre un 30 y un 40%. Un desastre con gravísimas consecuencias para la provisión de alimentos y la nutrición de los colombianos.
Y sí, en contra de lo que el grueso de la gente cree, el glifosato se sigue usando en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre (Pecat). Y ello ocurre porque la Corte Constitucional, haciéndole un vergonzoso favor a Santos y a las Farc, que lo habían pactado en las negociaciones, prohibió el uso del glifosato pero solo en aspersiones aéreas y solo contra los narcocultivos.
Lo hizo en virtud del “principio de precaución”, por los supuestos riesgos del glifosato sobre la vida y la salud, alegando que en 2015 la IARC clasificó el glifosato en la lista 2A, como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, sosteniendo que puede causar linfoma de No Hodgkin. La IARC no hizo distinción alguna sobre el mecanismo para aplicar el glifosato ni dijo una palabra sobre los productos sobre los cuales se usa. Sin embargo, la Corte solo prohibió la aspersión aérea contra los narcocultivos.
Más evidencia de que la decisión de la Constitucional es absolutamente política y que le importan un comino la vida y la salud: la Corte no ha dicho nunca absolutamente nada sobre los otros 82 agentes que están en la lista 2A junto con el glifosato ni, peor, sobre los 120 agentes que están en el grupo 1 en los que hay pruebas inequívocas de que causan cáncer a los humanos. Ni ha pedido un estudio sobre los casos de No Hodgkin en Colombia ni sobre su eventual relación con el uso del glifosato.
En los EE. UU., la agencia de protección ambiental EPA, acaba de ratificar lo que viene diciendo hace décadas: con el uso adecuado, el glifosato no representa riesgos para la salud humana y no hay pruebas de que sea carcinogénico.
Mientras tanto la erradicación manual en nuestro país se hace con una marca china, Cúspide, que en el producto que se vende en Colombia contiene Nonilfenol Etoxilado, una sustancia de lenta biodegradación y un neurotóxico con, esa sí, desenlaces cancerígenos probados, y por eso mismo prohibida en EEUU y en la Unión Europea. Sin embargo, por razones que desconozco, el proveedor del glifosato chino es escogido por una subasta inversa y con proponente único: Talanu Chemical Ltda.
Si queremos ponerle fin al mar de coca que nos tiene azotados, con más de doscientas mil hectáreas, y de paso cerrarle este grifo de recursos a los grupos armados organizados y a las bandas de microtraficantes, causantes del grueso de la violencia, es indispensable retornar ya a la aspersión aérea. Pero hay que hacerlo con un producto bueno y con un sistema múltiple de proponentes.
