Pasaron las elecciones tanto de Congreso como las dos vueltas presidenciales y se dio el resultado que durante varios meses se veía venir, según vaticinaban las encuestas. El Congreso, en su mayoría, siguió con los mismos aunque se dieron casos excepcionales de cambio.
La Presidencia la ganó por primera vez un sector, al parecer diferente, autodenominado progresista, de cambio social, alternativo y para otros, simplemente un gobierno de izquierda en un país en el que por más de 60 años de lucha ideológica ha dejado un resultado desastroso en número de vidas perdidas por el conflicto armado y por los flagelos que azotan a nuestra nación; el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, la deteriorada salud, falta de cultura y educación, entre otros. Al final, el presidente electo presentó un plan de gobierno que ganó en elecciones democráticas y que le otorgan a partir del siete de agosto de 2022 la enorme responsabilidad ejecutar las propuestas y que de una vez por todas, se note el tan anhelado cambio que los colombianos con mucha expectativa esperamos.
Pero lo anterior debe ser en el marco de la norma constitucional y del bloque de constitucionalidad, normas internacionales, pactos adquiridos con anterioridad y no se pueden ver afectado por gobernantes de turno. Colombia a pesar de sus inmensas dificultades ha sabido sortear la democracia frente a fenómenos tan duros como la recesión económica de los 90, la reapertura neoliberal, el ataque de los narcos al Estado de derecho y de las guerrillas subversivas en la delgada línea entre lucha política y terrorismo desenfrenado; todo ello incluso se dio con una Constitución como la de 1886, que durante 105 años llena de retazos aguantó y salió adelante, hasta que en 1991 se dio la nueva Constitución que hoy día, ya con 31 años de existencia con amplia participación y bondades, busca un país de cambio real.
Entre muchas normas y leyes, permitió crear el Estatuto de Oposición que según dictan los conceptos del Consejo Nacional Electoral (CNE), “es un instrumento normativo que garantiza la participación democrática de la oposición al gobierno de turno en los diferentes niveles territoriales. El Estatuto determina los recursos, las rutas de acción, las garantías y los medios que les posibilitan desempeñar una función crítica y alternativa a las acciones de la Rama Ejecutiva en el poder; con la expedición del Estatuto de Oposición (Ley 1909 de 2018), todos los partidos y movimientos políticos están en la obligación de realizar su declaración política frente a los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal en ejercicio. En ella, deben decidir si quieren hacer parte del gobierno, ser independientes o de oposición.”
Pero hoy el panorama es otro, lo que hemos observado en medios de comunicación y redes sociales, ha sido que poco a poco cada sector político del país bajo el denominado pacto social por el cambio y la vida ha venido llegando a acuerdos con el Gobierno electo. Hasta allí no existe dificultad partiendo del hecho de la buena fe que se está pensando todo esto por el bienestar de Colombia, sin embargo, los contrapesos y el desacuerdo también hacen parte de la democracia.
No sabemos quiénes ejercerán el mando o direccionamiento de la oposición, quién hará seguimiento y cuestionará las decisiones de los que ostentan el poder para saber hasta donde alcanza a llegar la complacencia o beneficios particulares.
Es urgente que se definan las reglas de juego de quienes estarán ejerciendo este papel y las valederas intenciones con que lo harán. Por más perfecta que pueda ser una manera de gobernar, necesita la voz disidente que los hoy ganadores ejercieron sin ataduras durante más de treinta años. Hoy que tienen la posibilidad de ejecutar también necesitan del equilibrio de la sana y conveniente oposición. Esa es la democracia, por eso funciona; de lo contrario se vislumbrarán otros regímenes.
