Una de las razones por las cuales la guerra se ha prolongado en Colombia es sin duda la incapacidad que tenemos como sociedad de reaccionar con contundencia y permanencia contra la violencia.
Nos acostumbramos en exceso a la muerte, al dolor, al sufrimiento de los seres humanos. Los horrores del conflicto armado crecieron geométricamente y en la medida en que aumentaban los secuestros, los asesinatos y las masacres, se convirtieron en parte del paisaje nacional. Los violentos de todos los pelambres comprendieron que la indignación que generaban sus acciones era pasajera, no pasaba del titular del día.
Así llegamos a los niveles de homicidio, secuestro y desplazamiento forzado más altos del mundo, con la participación de guerrillas y paramilitares, financiados todos por el maldito negocio del narcotráfico. Es evidente que frente a los horrores del conflicto los ciudadanos siguen ausentes, indiferentes. En Colombia hoy un líder social es asesinado cada 36 horas y a pocos importa. Más de 200 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde su desmovilización y a nadie interesa.
Al contrario, desde distintos sectores surgen voces que insinúan que algo malo debían estar haciendo y buscan responsables en los mismos grupos, en lugar de solidarizarnos con las víctimas.
Sucede ahora lo mismo con el reciente caso de la menor embera que fue agredida en forma salvaje por 7 soldados de nuestro ejército.
Desafortunadamente la indignación y el rechazo nacional pasarán en unos días. Así ha sucedido con hechos recientes como el de Juliana Samboní y muchos más. Es triste decirlo, pero muchos colombianos que viven en los grandes centros urbanos del país y que no alcanzan a comprender lo que sucede en la provincia, olvidarán este crimen en pocos días.
No comprenden el significado cultural para el país de la diversas etnias indígenas, ni conocen sus costumbres y mucho menos sus territorios. En muchos otros sectores se aprovecha para aparecer en televisión con voz indignada exigiendo la pena de muerte o la cadena perpetua para sus autores. No faltan las declaraciones absurdas del Presidente de la República con cara de bravo diciendo que se va a “estrenar” la cadena perpetua, olvidando que él no es quien administra justicia e ignorando que aún no existe esa sanción en nuestro ordenamiento jurídico. Para no hablar de la indignante declaración de una senadora del partido de gobierno, que inicialmente parece fake news, en la que duda de la comisión y la autoría del delito.
Casi nadie analiza con seriedad qué puede suceder en nuestras fuerzas militares, en su capacitación y formación, para que un grupo de jóvenes soldados cometa un crimen con tanta sevicia, o en general en que estamos fallando para llegar a unas cifras tan altas de violencia intrafamiliar, agresión sexual a menores y ataques de esta naturaleza. El Congreso de la República acaba de aprobar virtualmente, con muy poco debate y escasa atención del país, una reforma constitucional para imponer la cadena perpetua contra estos delitos. No se escuchó la voz de los expertos ni se discutió la problemática social detrás de estas conductas. Solo importaba el titular de prensa, aparecer en pantalla, vociferar con fuerza contra estos criminales y anunciar la cadena perpetua como la gran salvación a ese desajuste social que padecemos.
Nadie parece interesado en abordar estructuralmente la solución a un grave problema y entonces se toma el camino fácil de una reforma al código penal. Por eso mismo la indignación frente a un hecho tan doloroso y triste es pasajera. En pocos días la atención mediática desaparecerá ante nuevas noticias, mientras esta familia embera vivirá su propio infierno en absoluta soledad y olvido. Seguiremos en Bogotá el “profundo” debate sobre el proceso penal y la actuación de la fiscalía, sin asumir la construcción de una política seria que contribuya a una lucha de largo aliento contra este flagelo. Y la inmensa mayoría de los colombianos, en forma cómoda, seguiremos esperando que la cadena perpetua elimine esta conducta como por arte de magia, sin entender que primero debemos avanzar en educación, prevención y en eficacia de nuestro sistema de justicia.
