La economía de América Latina no creció el año pasado. En realidad tuvo un exiguo crecimiento del 0.1%, que no es lo mismo pero es igual. En ese contexto, sin embargo, Colombia tuvo un comportamiento atípico y positivo: crecimos un 3.3%. Y se preveía que en este 2020 el comportamiento sería incluso un tanto mejor, entre un 3.4% y un 3.6%.
Sin embargo, se atravesó el confinamiento como respuesta para contener el contagio y con ello vino un desplome de la economía en el mundo y en Colombia, como nunca en la historia moderna. Nuestro producto interno bruto caerá un -5-5%, según el Gobierno, o -7.8%, según el FMI. Ese derrumbe se tradujo en que se dobló la tasa de desempleo y, como resultado, aumentará un 15% la pobreza y la sexta parte de la población de las principales ciudades sufrirá de hambre.
La izquierda estará contenta con la coyuntura. Le es funcional para atacar al gobierno. Le facilitará incentivar protestas y manifestaciones y minar la gobernabilidad en la calle. Le permitirá tener mejor fruto para su discurso de odio y resentimiento. Entre más pobreza haya, más fértil el terreno para la lucha de clases. Y más posibilidades de éxito en las elecciones del 2022. Así que a la izquierda no solo no le interesa que disminuyan el desempleo y la pobreza sino que gana con que aumenten.
Para el Gobierno y para la sociedad la prioridad tiene que ser exactamente la contraria: crear empleo tan rápidamente como sea posible y, por esa vía, reducir la pobreza. Para ese propósito no basta con la ampliación de la red de protección social, como pide la izquierda. El programa de ingreso solidario algo ayuda, pero es insuficiente. $160.000 son apenas algo más del 16% del salario mínimo más el auxilio de transporte.
El camino es la inversión productiva, con énfasis en proyectos que tengan el mayor impacto social y que requieran mano de obra intensiva. En la columna pasada sostuve que el mecanismo debía ser la puesta en marcha de obras de infraestructura y construcción de vivienda. Cerca de un millón cuatrocientas mil familias colombianas, un 9.8% de todos los hogares, necesitan una nueva vivienda, y algo menos del 27% requiere mejoras cualitativas para que tengan condiciones adecuadas de habitabilidad. Un masivo programa de vivienda le daría un fuerte impulso a la economía, crearía muchísimo empleo y permitiría una mejora sustantiva en el nivel y calidad de vida de veinte millones y medio de colombianos.
El otro pilar de la recuperación deberían ser las obras de infraestructura civil. Aunque hay que trabajar en paralelo en el planeamiento de los grandes proyectos que necesita el país, como la construcción de una gran red ferroviaria que integre toda la nación, en estos dos años el énfasis debería ser el desarrollo y puesta en marcha de pequeñas obras que no requieren mucho tiempo para su planeación y ejecución y se pueden desarrollar casi de inmediato, como vías terciarias y polideportivos, y un uso intensivo de los contratos plan de obra públicas, obras que además pueden ejecutarse no solo por las grandes constructoras nacionales sino también por firmas pequeñas y medianas y de presencia regional.
Como en todo lo que enfrentaremos en los años futuros, el cuello de botella podría estar en la financiación, con un enorme déficit fiscal de 8.2%. Antes había sugerido una línea especial de crédito del Banco de la República, a largo plazo y muy bajas tasas. No hay que descartarlo, pero toda deuda se traduce, con frecuencia más temprano que tarde, en más impuestos. Y una reforma tributaria que aumente tarifas sería un desastre que terminaría de hundir un sector privado más golpeado que nunca. Hay una fuente alternativa y a la mano: todavía hay 21 billones de pesos en el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME y 4.5 billones en regalías sin usar. Aún después de reservar el dinero necesario para extender hasta fin de año el programa de Ingreso Solidario y los subsidios a la nómina, quedaría más de 20 billones que podrían ejecutarse de inmediato.
