Los actos vandálicos del pasado 21 de enero de 2020, continuación del “paro nacional” donde nadie para, son sólo unas marchas para dar “pista” a los milicianos (vándalos organizados y dirigidos con fines políticos, en Venezuela llamados combos), actos que se repiten con sincronizada periodicidad, ante la actitud cuando menos pasiva del gobierno nacional, cuando no de abierta complicidad con los generadores de asonadas (como lo hacen en Bogotá o Medellín, enviando a parte del gabinete municipal a “marchar”), plantea un riesgo muy serio a la seguridad del ciudadano común, quien se ha visto en la necesidad de defenderse con palos y piedra de esos “estudiantes”, ante el riesgo a su familia o a su patrimonio, largamente luchado y sostenido a pesar de la voracidad fiscal del mismo estado.
Ese vacío de poder que muestra el gobierno Duque que podríamos llamar “inseguridad democrática e inversionista”, puede llevar a graves actos de violencia cívica, que después una justicia politizada querrá condenar llevando a la cárcel a los que se defienden, catalogándolos como “autodefensas paramilitares”, generando aún clara sensación de indefensión ante el delito que lleve a la conciencia de la necesidad defenderse él mismo.
Ante la regularizada desbandada de los “milicianos”, la inmovilidad de la policía por ejercer autoridad llevada a cabo por el binomio justicia-periodismo, la atención a sus dirigentes de izquierda como “voceros populares” que el gobierno les otorga, y el cada vez más precario desarrollo económico, ante la tenaza de la demonización de la empresa privada y la carga impositiva expropiadora, el ciudadano común y corriente se siente alienado por ese mismo estado, quien pone en riesgo la seguridad de su familia y su patrimonio. Ante la concientización del estado como enemigo, o cuando menos como cómplice, surge el instinto de defensa propia. Lo ideal sería canalizarlo socialmente, creando grupos de protección barriales que ante la arremetida de los “combos”, los enfrente adecuadamente. Y sería un buen punto de partida para una verdadera organización social ciudadana, que terminará enfrentando a la “organización popular izquierdista”, que está en la base de estos desmanes, con una agenda clara.
Casos como el del médico que dio de baja a los tres hampones que intentaban agredirlo (no se sabe si a robarlo, secuestrarlo o asesinarlo), dejados libres el día anterior por una justicia cómplice del delito, es sólo una muestra de lo que puede pasar cuando el ciudadano ve en el estado a su contraparte, y no, al ente que debería protegerlo y ejercer oportuna y real justicia sobre los maleantes. Ahí está, para reflejar a nuestra justicia cómplice, el caso del hampón que tiene azotado un barrio de Barranquilla, quien hace ostentación en redes de su “riqueza” adquirida mediante el delito, y quien ha sido detenido siete veces, y siete veces ha sido liberado, que podría terminar en otro caso de violencia, bien sea que el delincuente pase de ladrón a asesino, o a que una víctima proceda contra él.
La falta de credibilidad pública en la capacidad de un estado de proteger a sus ciudadanos, es el mayor factor de erosión de la democracia. Cuando los poderes públicos parecen estar en fase con los factores de inseguridad, cuando no, de ser partidarios de los mismos, la confianza ciudadana se convierte en la convicción de la necesidad de autoprotección, más aún en sociedades como Colombia que son incapaces de unirse socialmente; los que se unen son los enemigos del estado democrático, quienes, para su suerte, cuentan con un gobierno débil. Históricamente se sabe que, en situaciones políticas extremas, un gobierno tibio es el peor escenario que se puede dar, y el presidente Duque ha dado muestras incontrovertibles de esta debilidad, no solo ante los grupos de izquierda, sino ante la misma burocracia ideologizada que le dejo montada el Nobel, además de la tenaza que le han aplicado los otros poderes públicos, y ante la cual ni siquiera ha actuado. El presidente Duque es hoy el mayor peligro para la supervivenci
a de la república, sea por vía de una sociedad hastiada de debilidad inepta y discurso “social” junto con una realidad de daño económico creciente, o bien sea porque ante la “presión miliciana”, el gobierno asuma como suya la agenda farc-eln.
La escritora Margaret Atwood, lo expresó de mejor manera: “El tejido de la democracia es siempre frágil en todas partes, porque depende de la voluntad de los ciudadanos de protegerla, y cuando ellos se asusten, porque llega a ser peligroso para ellos, ella puede desaparecer muy rápidamente”. Y la actuación de los combos colombianos nos hacen recordar las palabras de Balzac: “El socialismo, que presume de juventud, es un viejo parricida. Él es quien ha matado siempre a su madre, la República, y a la Libertad, su hermana”. Y esos personajes, “representantes” de estudiantes, sindicalistas, maestros o “líderes sociales”, son los que el gobierno Duque sentó a la mesa para definir la agenda país.
La seguridad democrática de Álvaro Uribe la convirtió en inseguridad democrática su pupilo Duque. El mayor daño que Álvaro Uribe le hizo a Colombia es haber montado al poder a un amoral como Juan Manuel Santos y a un “tecnócrata tibio” como Iván Duque. Entre los dos reventaron los tres huevitos que aquel quiso poner. Ya anuncian fecha de la nueva asonada, 25 de marzo, fecha en la cual asistiremos a otro espectáculo grotesco de desgobierno.
