En Colombia la equidad no cuenta o cuenta poco. No es tenida en cuenta en el manejo de la nación. El interés particular convertido en avaricia ha hecho posible el tejido clasista predominante, lo cual ha dado lugar a que el país esté clasificado entre los de mayor desigualdad en América Latina, en detrimento de los derechos fundamentales consagrados en la  Constitución. Y por ese escape se consiente la omisión de los principios sustantivos de la democracia, aunque se invocan en forma recurrente como soportes de la llamada institucionalidad.

La desigualdad en Colombia marca de modo bien ostensible la política, reduciéndola a una función deleznable, contrario a lo que debe ser como corriente orientadora de la comunidad y de la gestión pública. De allí los precarios resultados de los gobiernos, incluidas las ramas del poder público. Ni siquiera la legislación del Congreso se articula con las necesidades más sentidas de la población. Es el afán de preservar un modelo que está en contra del Estado Social de Derecho acogido para Colombia en la Carta política de 1991, y considerado como un avance importante en el desarrollo institucional de la nación.

En el tratamiento dado a las regiones que forman el territorio de la nación se refleja la desigualdad. Para algunas la situación es de extremado abandono. Se han acumulado carencias que afectan en forma desesperante el conjunto de los habitantes. Sus recursos han tenido una explotación abusiva, para el enriquecimiento de empresas extrajeras y de los intermediarios nacionales. Las regalías han servido de carnada para los corruptos y han hecho más ostensible la pobreza.  El mapa colombiano ofrece muestras de necesidades insatisfechas allí donde la producción de petróleo, de oro o de maderas han alcanzado niveles de utilidad cuantiosos.

El caso del Chocó es la agudización del abandono. No obstante ser un territorio rico en recursos naturales y ofrecer otras condiciones que le garantizan fortalezas útiles, son precarias las condiciones de vida para su población.

Lo que se evidencia es un tratamiento semejante a la esclavitud. Es lo que se siente. Una discriminación de menosprecio. Es el marginamiento y el encadenamiento a variadas estrecheces, como si no se hubiera avanzado en el reconocimiento de los derechos humanos, contra todas las formas de opresión.

Los gobernantes nacionales consideran al Chocó con un sentimiento negativo. Son los amos, con cadena y fusta, como si fueran esclavistas. Y no faltan los dirigentes del mismo departamento proclives a semejante tratamiento, mientras se surten la violencia, la corrupción, la pobreza, el aislamiento, el desempleo, la crisis de la salud, la deforestación y el saqueo a recursos naturales.

El Chocó necesita otro rumbo, para sacarlo de la situación a que lo han llevado. Su comunidad debe reaccionar contra el cerco en que la región está atrapada. Los dirigentes que no se han plegado al entramado del desastre debieran ponerse al frente de la construcción de un territorio que tiene como sobresalir y garantizar una apertura a la democracia y al bienestar general.

Puntada

No puede haber indiferencia frente a la violencia que algunos pretenden imponerle a la Universidad Francisco de Paula Santander.  Y hay que rechazar con firmeza el menosprecio que le hacen a su casa de estudios quienes están comprometidos en los actos de agresión.

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