Verdaderamente desgarradora la notica dada a conocer por la Contraloría General de la República, en donde a través de un sistema de análisis de datos, ha podido hallar 1.300 obras en el país paralizadas, cuyo valor alcanza la monumental cifra de los 20 billones de pesos.
En momentos de acentuada pobreza, como lo es el panorama actual que nos ofrece esta horrible pandemia, esta noticia resulta extremadamente dolorosa, pues comprobamos una vez mas, y cada vez con mayor intensidad e impacto, que los corruptos siguen haciendo de las suyas para apropiarse de los dineros públicos y que nuestros instrumentos institucionales poco pueden hacer para desenredar esa terrible maraña y poder estar en capacidad de neutralizar semejantes entramados.
Toda obra que se proyecte, debe estar sustentada en estudios de factibilidad, así como en análisis financieros que aseguren su inversión hasta concluir los plazos fijados y contratados. Tiene que ser una perfecta cadena, en donde la trazabilidad tenga que estar asegurada, y en donde en cada paso exista un responsable directo de la decisión que se toma, para que si se llegare a comprobar una falla del proceso, inmediatamente se identifique al responsable y se le procese.
Pero lo que suele suceder es que muchas obras quedan a medio camino, en donde se les deja a merced del abandono, ocasionando de inmediato deterioros cuantiosos y dejando con los crespos hechos a la comunidad que de inmediato queda frustrada no solo por no poder disfrutar de las obras proyectadas, sino al comprobar que los dineros públicos han quedado embolatados en los bolsillos de los funcionarios corruptos y de los contratistas inescrupulosos.
Mientras los procesos de contratación no sean claros, y además tajantes en cuanto a las responsabilidades, no será posible nunca asegurar la inversión pública. Y por otro lado, mientras no sea dable una vinculación de la comunidad a la vigilancia de la contratación y de la ejecución de los contratos, tampoco será alcanzable en anhelo de llegar a establecer las fallas a tiempo, para que se puedan tomar las medidas del caso, antes de que desaparezcan los respectivos recursos.
Y lo cierto es que todo esto pasa, mientras se les pide a los ciudadanos mas esfuerzos tributarios y se solicita a su vez mas empréstitos a la banca nacional e internacional, para poder financiar las enormes necesidades del gasto público.
20 billones resulta ser una cifra que alcanzaría para satisfacer muchas necesidades, sobretodo en aquellos sectores que presentan tantas urgencias como salud y educación.
Y con esta cifra, ahí tienen las llamadas ías, un reto enorme para que le puedan decir al país, con la mayor prontitud, quiénes son los responsables, para que por lo menos se puedan apartar de la sociedad y de esta manera librarla del enorme daño que le están causando.
