La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal, sus miembros no son jueces y sus pronunciamientos no tienen carácter vinculante. Cuando hace recomendaciones estas pueden o no ser aceptadas por los Estados.
El informe reciente de la CIDH sobre Colombia tiene sesgo. Primero porque parte de premisas no solo no probadas sino abiertamente discutibles. Después, porque se basa fundamentalmente en información recibida por parte de oeneges que, en su inmensa mayoría, solo ven por el ojo izquierdo. Tercero, porque la CIDH no le da la misma veracidad a la información que le entrega el Estado colombiano. Cuarto, porque, en cambio, a los hechos referidos por las víctimas del paro y los bloqueos les da el tratamiento de “presuntos” aún cuando ellos, como la muerte de personas por impedir la circulación de ambulancias, están inequívocamente probados. Finalmente, por el hecho de que le dedica decenas de páginas a las denuncias de las oeneges y apenas unos pocos párrafos a la violencia de la que fueron objeto los miembros de la fuerza pública y los ciudadanos que no participaron en las protestas.
La Comisión, además, se excede en sus funciones al, por ejemplo, pedir que la Policía pase al Ministerio de Interior. Esa solicitud, por cierto, demuestra una abierta ignorancia. Que la Policía se ubique en el MinDefensa no significa que sea una policía militar o que esté subordinada a las Fuerzas Militares o que su entrenamiento se haga con “perspectiva militar”. Aunque una policía militar no es contraria a los derechos humanos, la nuestra es de naturaleza civil y su formación se hace en la lógica de los derechos humanos. Hoy, en todo caso, el desafío de la agresión combinada de terrorismo, narcotráfico y grupos armados ilegales exige que quienes tienen la tarea de enfrentarlos, las Fuerzas Militares y la Policía, estén bajo la coordinación de un único ministerio. Si ya hay hoy muchas dificultades de coordinación no quiere imaginarme lo que sería si la Policía estuviera fuera de Defensa.
El informe de la CIDH es como mínimo ambiguo en relación con el uso de la fuerza por parte del Estado. Yo no dudo de que es posible que haya habido algunos casos de excesos. Pero tampoco dudo de que en la mayoría de las manifestaciones no hubo necesidad de que la Policía participara, que cuando tuvo que hacerlo fue porque se produjeron actos de delincuencia y vías de hecho, es decir, porque las manifestaciones derivaron en disturbios y vandalismo, y que esos casos de exceso en el uso de la fuerza son resultado de conductas individuales de algunos uniformados y no producto de fallas estructurales de la Policía o de políticas institucionales. La afirmación de que los excesos en el uso de la fuerza son un problema institucional no solo es falsa sino que tiene una clara intención ideologizada.
Además, no sobra decirlo, probado como está que los policías, sus vehículos e instalaciones, han sido objeto de ataques sistemáticos en estas semanas, y que también lo fueron los ataques a la infraestructura pública y a bienes y ciudadanos, en todos los casos hay que verificar si el uso de la fuerza por parte de los uniformados fue necesario y proporcional antes de presumir que fue excesivo.
Por último, el anuncio unilateral de que para el “seguimiento de las recomendaciones”, la CIDH instalará un “Mecanismo de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz” (sic) es un despropósito inaceptable que exige no solo un reclamo del Gobierno sino que, de no tener respuesta correcta, ameritaría un replanteamiento formal de las relaciones con la Comisión.
