En buen momento se presenta el proyecto de Ley que busca reglamentar la Consulta Previa en Colombia, un mecanismo de participación contemplado en la Constitución que, a mi modo de ver, se ha salido de control por su excesivo garantismo y la intermediación de terceros de mala fe.  

Desde 2011, el ministerio del Interior y demás entidades han adelantado más de 13.000 procesos de Consulta Previa ante comunidades que piden ser consultadas antes de llevar a cabo cualquier proyecto que vulnere eventualmente sus derechos.

El asunto es que no sólo son muchas consultas, sino no se no logra que la gran mayoría llegue a la fase final que permita desarrollar un proyecto por parte del Estado o un privado. Durante el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, sólo cerca del 16% de las consultas previas llegaron a la etapa final, mientras que el 77% permanecen activas.

Para un país que busca desarrollarse, estos números son desafiantes. En la gran mayoría de casos, las consultas previas frenan los proyectos por años trayendo consigo una enorme inseguridad jurídica que termina siendo la razón por la que Colombia sea calificada, según el Global Business Complexity Index (GBCI), como uno de los países del mundo donde es más difícil hacer negocio.

Por supuesto que este mal posicionamiento es no sólo se debe a la Consulta Previa, sino a la inseguridad física y a los altos impuestos, pero sin duda la figura consultiva es parte importante de la explicación.

Hace poco, una persona que conoce el caso de “Sirius” -el mayor hallazgo de gas en Colombia– me contó que Ecopetrol y Petrobras han gestionado 116 de consultas previas con las comunidades del Magdalena. Sin embargo, una comunidad -sí, una- se sigue oponiendo al proyecto y pide una indemnización 20 veces mayor a la que aceptaron el resto de las comunidades por permitir que se desarrolle el proyecto en su territorio.

Mientras gremios como Acolgen y otras organizaciones advierten que Colombia tendrá que importar más gas si no desarrolla nuevos proyectos gasíferos, una comunidad e Taganga bloquea el proyecto de “Sirius” que si hubiese comenzado antes, probablemente aportaría una suma importante de millones de metros cúbicos disminuyendo la necesidad de importar gas.

Para mí, la Consulta Previa se ha convertido en un mecanismo que, si bien fue concebido por los congresistas de 1991 para ampliar la participación de las comunidades en la discusión de los proyectos, en la práctica ha perdido sentido por su excesivo garantismo y el abuso de quienes intervienen en ella.

Es democrático y válido consultar a comunidades y grupos étnicos que consideran que un proyecto podría afectarles, pero ese derecho constitucional no puede llegar al nivel de vulnerar el interés general de los colombianos que tienen derecho a que se puedan ejecutar proyectos fundamentales para el desarrollo del país.

Parte importante del problema de la Consulta Previa es que, como muchas mecanismos constitucionales, carece de una seria y rigurosa reglamentación. El proceso administrativo de la consulta previa ha sido reglamentado por el Ejecutivo y las directivas presidenciales (la 08 de 2020, la última), dejando un vacío legal que hace que muchas veces terceros mal intencionados se aprovechen para hacer negocio con las consultas o las comunidades se anclen en posiciones maximalistas que rompen el sentido de la proporcionalidad.

El proyecto de Ley que cursa en el Congreso es, como no, una oportunidad para que la Consulta Previa tenga reglas claras que le otorguen al país seguridad jurídica. La anhelada seguridad jurídica.

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