Una de las grandes debilidades de los países en donde la corrupción prolifera, se debe a los débiles instrumentos de vigilancia, que permiten que los corruptos actúen a sus anchas, sin que sea posible detenerlos, y menos ajustarlos al peso de la ley.

Por un lado los organismos de control no cuentan con herramientas eficaces y la interferencia política hace que se encubra a quienes resultan incursos en cualquier tipo de apropiación de dineros o bienes públicos.

En igual forma no es posible estructurar canales de vigilancia ciudadana, en donde sea posible colocar en manos de las personas interesadas, toda la información posible, relacionada no solo con las partidas de inversión, sino con los sistemas de contratación y de ejecución del contrato, de tal manera que esa información permita el seguimiento y la identificación de procesos torcidos que desvíen el sentido de las obras y la calidad de las mismas.

Ahora que fue necesario reorientar los presupuestos en todos los países del mundo, para estar en capacidad de atender la pandemia del Covid-19, Transparencia Internacional, el BID y la Ocde han enviado toda clase de alertas, pues han detectado que la corrupción se ha incrementado a raíz de la adjudicación masiva de contratos por parte de entidades nacionales, regionales y locales, con la excusa de atender el desastre de la pandemia.

Y todo esto pasa en medio de la angustia y la desesperación de la población que se ve afectada por la injerencia del virus, por el incremento del desempleo y por la agudización de la pobreza: qué panorama tan desolador; la tragedia encima y los corruptos haciendo fiesta.

El Congreso de Colombia acaba de aprobar una ley en donde se permite que los padres de familia puedan ejercer vigilancia sobre la ejecución de los recursos destinados para la alimentación en estos tiempos de emergencia. A los afectados se les entregará la información correspondiente y ellos comienzan a ejercer la veeduría sobre los recursos y sobre la ejecución de los contratos para la compra y suministro de alimentos.

Esta es una herramienta que debe hacerse extensiva a toda clase de contratos públicos; la comunidad debe ser el primer elemento en vincularse, para que conozca todo lo relacionado con las obras que se les van a proporcionar: Valor del contrato, cantidades de obra, calidad de los materiales, vigilancia en la ejecución y términos, y grado de aceptación de las obras concluidas.

La contratación a dedo, sin proceso previo, sin publicidad suficiente y sin vinculación de la comunidad, es corrupta en la inmensa mayoría de los casos y las cifras de corrupción así lo confirman. Entonces, para qué esperar mas en medio del festín permanente de los contratistas y funcionarios inescrupulosos que como aves carroñeras caen hasta en lo mas sagrado como resultan ser los alimentos, los medicamentos y las obras de la esencia pública.