El informe Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica señala que durante el conflicto armado en Colombia se cometieron más de 260.000 homicidios, desaparecieron más de 80. 000 personas y tuvimos más de 7 millones de desplazados y miles de secuestrados. 

No son sólo cifras. Gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011 esos compatriotas adquirieron rostro, comenzaron a existir, a ser visibles para un estado y una sociedad que hasta ese momento los consideraba ciudadanos de quinta categoría.

En el momento en que se discutió y aprobó esa iniciativa se calculó por parte de los técnicos del Ministerio de Hacienda que en 10 años se podía cumplir con el propósito de reparar integralmente a las víctimas. 

Los autores insistimos en que tuviera una vigencia de 15 porque éramos conscientes del inmenso reto que implicaría para el estado. 

Sin embargo, el Ministro de Hacienda de la época de buena fe y con una visión más optimista que la nuestra, insistió en que junio del 2021 era una buena fecha. 

Así se aprobó y con ese supuesto se expidió el documento Conpes posterior que definió la financiación en el mediano plazo de la política pública de víctimas. 

Para ese entonces se calculaba entre 4 y 5 millones el número de víctimas en el país que después con el registro abierto llegó hasta los 8. 

Tampoco se contaba con un fallo de la Corte Constitucional que igualó los derechos de los desplazados con los de los otros hechos victimizantes como secuestro, homicidio, desaparición forzada, entre otros.

La implementación de la ley hasta el momento ha tenido un impacto muy positivo en millones de víctimas. No hay país en el mundo entero que en esta materia pueda mostrar los logros colombianos. 

Más de 2 millones de víctimas reparadas y con atención humanitaria, 900.000 indemnizadas, tres instituciones del estado dedicadas de forma exclusiva a atender a las víctimas, más de 300. 000 hectáreas despojadas a los campesinos restituidas a sus verdaderos propietarios y más de 700.000 pendientes de decisión judicial en un término no mayor a un año, solo para mencionar algunos de los avances más importantes. Sin embargo, es evidente que aún nos falta mucho para cumplir el compromiso político y ético adquirido por el estado.

Por ello, conjuntamente con Guillermo Rivera, Nestor Osuna y Gustavo García, decidimos hace unos meses presentar una demanda ante la Corte Constitucional para solicitarle que declare inexequible el artículo 208 de la ley que estableció su vigencia hasta el 10 junio del 2021, y en su lugar defina que la ley debe ir al menos hasta el año 2030, fecha señalada en el acto legislativo 02 del 2017 como el plazo para la implementación del acuerdo de paz, que tiene precisamente como su centro la satisfacción de los derechos de las víctimas. La propia Corte en el fallo de control de constitucionalidad del acto legislativo aprobado mediante el mecanismo de Fast Track, blindó los acuerdos por los siguientes tres gobiernos. La ley debería ir entonces hasta esa fecha porque su vigencia es indispensable para cumplir con lo establecido en los acuerdos con relación a las víctimas.

El acto legislativo que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la ley estatutaria que lo desarrolló, establecieron una serie de derechos de las víctimas sobre la base que se garantizarían en coordinación con las instituciones creadas por la ley 1448. Si esta desaparece del ordenamiento jurídico en el 2021, será imposible en la práctica cumplir con lo previsto. En que quedaría el registro único de víctimas?. Que pasaría con las demandas pendientes de fallar por los jueces de restitución de tierras?. Son sólo algunos de lo enormes vacíos que se generarían si se deja expirar la ley.

Afortunadamente la Corte Constitucional aceptó la demanda presentada y en buena hora también la solicitud que hicimos de convocar una audiencia pública para escuchar instituciones, gobierno, congresistas y sociedad civil antes de adoptar una decisión final. El próximo 10 de octubre estaremos allá defendiendo los derechos de las víctimas ante una Corte que se ha caracterizado por ser garante y protectora de derechos en Colombia, especialmente de las minorías y de la población vulnerable. Somos optimistas que mantendrán esos principios a la hora de evaluar la petición de millones de víctimas que aún esperan la atención del estado.