El premio Nobel de Economía de este año tiene una novedad fundamental, al dejar de lado su vieja orientación, por no decir sesgo, de premiar a los economistas que profundizan y perfeccionan sus análisis, elaborados a partir de modelos matemáticos formalmente impecables, con una baja o nula capacidad interpretativa de una realidad social que es compleja, conformada por una dinámica multicausal, donde la incertidumbre es la norma, pues el futuro no puede predeterminarse.
El análisis económico convencional pretende hacerlo, a partir de la simple extrapolación de unas pocas variables, circunscritas al ámbito de lo estrictamente económico, con lo que se deja de lado el cúmulo de las que actúan en una realidad que es multicausal. Como consecuencia, la economía quedó reducida a una técnica operativa para el manejo de problemas concretos.
James Robinson, Daron Acemoglu y Simon Johnson, ganadores del Nobel de Economía, representan una línea de pensamiento institucionalista en las Ciencias Sociales de las cuales la Economía es parte integral. En sus análisis, destacan que la dinámica de los hechos económicos, está inmersa en las relaciones, en los arreglos institucionales, que se dan en las distintas áreas de la vida de la sociedad: culturales, políticas, estatales, con su bagaje de carga histórica.
Robinson, pero también Acemoglu, conocen bien a Colombia; Robinson, casado con una economista colombiana, dicta un curso anual en la Universidad de Los Andes. Desde su perspectiva analítica, consideran que el atraso del país, sus desigualdades y exclusiones no son por causas económicas sino institucionales, concretamente de su institucionalidad política y una organización del Estado y del poder, históricamente débiles, oligárquicas y sostenedoras de instituciones y prácticas económicas extractivistas que generan violencia, poco crecimiento y concentración del poder e impiden el desarrollo de políticas económicas inclusivas.
Como consecuencia, las prioridades no deben ser las reformas económicas, como se considera convencionalmente, sino las políticas, las del poder, las de antiguos y aún vigentes acuerdos institucionales. Podríamos decir que concentrarse en las reformas económicas, distrae la atención y los esfuerzos del cambio fundamental, centrado en lo político y estatal.
Reconocen que la acción reformadora en esa dirección, es condición necesaria para abrir las puertas al desarrollo, al superar la realidad de una política centralista y elitista, excluyente tanto de regiones, de territorios, como de comunidades y poblaciones; que ni representa ni interpreta al país en su diversidad la cual no puede expresarse en las políticas, generando subdesarrollo al no impulsar el avance de las fuerzas productivas, del potencial de la economía.
Eso sí, se necesita un poder central fuerte, al menos durante el despegue económico, para que el estado esté al servicio del desarrollo nacional y no de intereses oligárquicos. Las raíces del atraso y los obstáculos al desarrollo, son políticos y sociales, no económicos.
La Constitución del 91 en buena medida contempla esa realidad nacional y avanza en la transformación conceptual del deber ser nacional, que aún espera su desarrollo. Con el derrumbe o captación del M19 por el liberalismo y el asesinato de Álvaro Gómez, se esfumaron los principales motores de los cambios constitucionales acordados, como son, el reconocimiento de Colombia como un país diverso, a partir de lo cual debe construir su unidad nacional, en una dialéctica de unidad/diversidad, de nación/región.
Con el establecimiento de las responsabilidades propias de la Nación y de las regiones, se avanza de la descentralización a la autonomía regional. Ni mercadolatria ni estatolatría, pues los énfasis, coyunturales o permanentes, hacia la acción del mercado o del Estado los señalan las circunstancias y los temas o políticas en cuestión.
La lista e importancia de los temas abordados en la Constitución es indiscutible y su desarrollo lo reclama Colombia. Este cayó presa de la rebatiña y desgaste inmarcesible de la política, reduciendo las decisiones pendientes, que son de política, no de politiquería, a la pequeña política, olvidando o desconociendo que las decisiones pendientes son de naturaleza política, no son simples maquillajes o aprovechamientos, propios de la pequeñez política. La tarea está a mitad del camino y su necesidad solo aumenta.
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