La imagen de la Institución Policía Nacional se ha venido al piso con una serie de actos en los que abusan de la fuerza bruta en la supuesta interpretación de una normatividad regulada por el Código de Policía, producto de un escaso y serio análisis de parte del Congreso, al momento de adelantarse la redacción del mismo.
Cierto es que en el Congreso se ven desde médicos hasta abogados y muchas más personas con diferentes grados de ilustración, pero, esa amalgama de profesionales no conlleva a la expedición de normas de clara falta de redacción que viene minando la imagen de esa institución creada precisamente para proteger a la ciudadanía y que ha desembocado en actos contrarios a ese objetivo al atacar de manera brutal a personas de edad avanzada so pretexto de estar aplicando el Código en referencia.
Actos como sancionar a quien compra una empanada en claro desmedro de los derechos de ese señor, ilustran una falta total de capacitación de los cuadros o mandos jerárquicos, quienes deben ser los responsables de brindar la información y capacitación a los agentes rasos.
Y peor aún, las imágenes que suben a las redes sociales, en donde, son agredidos brutalmente vendedores ambulantes, o en aplicación de desafortunados comparendos, con multas que no se previeron por los Congresistas que por lo altas iban a crear tantos problemas como los que a diario se viven.
Es lastimoso, que por esa falta de prevención de los instructores policiales en acatamiento a directrices que deben ser expedidas para tales actuaciones desde los niveles más altos de la Policía estén llevando a disminuir día a día la imagen de la policía, que se ve involucrada en una serie de cuestionamientos y dada la trascendencia del tema, sería bueno que pasara a revisión el Código de marras, para aplicar multas proporcionales a la gravedad de la presunta infracción, pues es común ver esa aplicación con exorbitantes sanciones, sin haberse hecho previamente la socialización de las normas, pues, si bien se presumen conocidas las mismas, no corresponden a la función que les compete.
Urge la revisión del Código de Policía, para acompasar esas sanciones de manera acorde a la realidad social, mucho más, cuando termina afectándose a las personas de menor capacidad económica, que buscan sobrevivir, caso Cúcuta, en una ciudad sin industrias, sin fuentes de ingreso y de empleo, con un altísimo porcentaje de personas desocupadas, golpeada por la migración de millones de habitantes de nuestro vecino país, ante la intolerable situación que allí viven, lo que las obliga a acudir a ese mecanismo de las ventas ambulantes, las cuales deben ser objeto de ponderado y juicioso análisis, para evitar el detrimento patrimonial de personas de escasos recursos que siempre son las más afectadas.
Como en el derecho penal, la Dosimetria de la pena debe ser acorde a la gravedad de la falta, colocando como ejemplo situaciones que a diario vemos, como manejar con un niño o un perro en los brazos, charlando por celular o peor aún, chateando y en ocasiones los vemos desde una moto en esas actividades y las multas son mucho menores, cuando pueden causar un accidente con pérdida de vidas humanas. Urge la revisión de ese Código de Policía y acompasarlo con la realidad social que vive el país.
