La privación de la libertad de Álvaro Uribe es arbitraria, tiene motivación política y responde al sesgo antiuribista de la Corte Suprema de Justicia. 

Ese sesgo tiene casi tres lustros y se remonta a la denuncia que hicieran funcionarios de la administración de Uribe por vínculos entre Giorgio Sale, un narcotraficante italiano, y dos presidentes del alto tribunal. Después la Suprema se negó en reiteradas ocasiones a elegir Fiscal de las ternas que presentó el entonces Presidente. Más adelante, en los juicios contra ex ministros de Uribe, como consta en grabaciones que hay en el expediente de Diego Palacio, la Corte decidió tomar decisiones, según sus propias palabras, “sin salvamentos del voto y por conveniencia política”. 

Que el proceso es violatorio de los derechos de Uribe se prueba con facilidad: a Uribe le interceptaron su teléfono por órdenes de la Corte, en una investigación contra un parlamentario chocoano. La Suprema alega que fue por “error”, pero hay pruebas inequívocas de que sabían que el celular era de él y aún así “legalizaron” la chuzada; el alto tribunal le ocultó por varios meses que lo investigaba, aunque Uribe les preguntó directamente; cuando finalmente se lo confirmaron, pidió que lo recibieran en versión libre y no lo permitieron; solicitó que se oyera a varios testigos en su defensa y el tribunal se negó; no dijeron nada del conflicto de interés de César Reyes, ponente del caso, que fue subordinado de la esposa de Iván Cepeda; Héctor Alarcón, uno de los magistrados, se declaró víctima de Uribe en un proceso y hoy no tiene pudor en juzgarlo. Y podría seguir. 

Y sí, el juicio es político. Uribe es la figura política determinante de las dos últimas décadas y el ganador de todas las elecciones desde el 2002, menos la segunda vuelta del 14. A ese que no han logrado derrotar en las urnas, quieren sacarlo del juego con la instrumentalización del sistema judicial. 

La Corte, además, debería haber sido especialmente cuidadosa porque Uribe es el senador más votado de la historia, la voz de 875.554 ciudadanos que sufragaron por él y que él representa. Cercenarle su libertad debería tener motivos fuera de toda duda y debería haber sido la última medida. 

El juicio contra Uribe prueba la politización de la justicia y la judicialización de la política. No pretendo que la Corte sea uribista. No debe serlo. Lo que se espera es que no sea antiuribista. La administración de justicia debe ser imparcial. Cuando deja de serlo, como ahora, no es cosa distinta que arbitrariedad arropada de formalismos. 

Hay también, por supuesto, un ánimo de revancha por parte de quienes sufrieron la mano firme de Uribe, una guerrilla que sufrió los golpes más contundentes y unos paramilitares que fueron extraditados. Uribe ha sido el muro de contención a los avances de la izquierda radical en Colombia y en el Continente. Y han querido cargárselo desde entonces. Ha sufrido 17 atentados. Como no lograron matarlo, quieren eliminarlo por vía judicial. 

La venganza, el odio, el ánimo de retaliación política, el deseo de despejar el camino para las elecciones del 22 y de sacar del camino a quienes siempre los han vencido en el campo de batalla y en las urnas, todos esos intereses se conjugan contra Uribe. 

No tengo duda de que privar de la libertad al ex Presidente es el primer paso de su ofensiva final para tomarse el poder. Demostró que si vienen por él, pueden venir después por cualquiera, que no tienen límites. El peligro para la nación es mayor que nunca. Pero están profundamente equivocados. La injusticia contra Uribe ha sido una puñalada en las entrañas del pueblo. Han despertado a las mayorías silenciosas. La tristeza, el dolor, la indignación y la ira, el miedo de que la Nación caiga en manos de los violentos, de los mafiosos, de la izquierda radical, nos moverá a la unidad. La alianza republicana es la primera urgencia. Y la acción política para ganar en el 22 es la segunda. Desde ya y hasta entonces hay que trabajar sin descanso. Uribe es más que Uribe. Uribe es la defensa de la democracia, de la libertad, de la seguridad para todos, de la economía de mercado para generar riqueza y empleo, para reducir la pobreza, para buscar la equidad. Acá estamos los que defendemos sus banderas. Y no tememos. Somos muchos más.