Amables Lectores: La impunidad convierte al país en una tierra del corrupto. Con el mismo dinero obtenido ilícitamente se compran conciencias de las autoridades investigadoras y se pagan los abogados. El clientelismo o manejo de la clientela como en cualquier tienda de barrio ha privatizado el estado, así lo afirma el exfiscal Alfonso Gómez Méndez y concluye que la mayor fuente de corrupción en Colombia es la contratación y en nuestro país, por excelencia, se adjudica a dedo.

Los adjudicadores, sea Ministros, gobernadores, alcaldes o gerentes de institutos, favorecen con contratos millonarios a sus amigos, en obras civiles o suministros de bienes y servicios, evitándose la sana competencia de una adjudicación por licitación, donde se lograrían precios justos y calidad del servicio prestado. A dedo se acuerda un precio y condiciones convenientes para las partes y permitir que parte del ponqué se comparta con el funcionario público sin riesgo de investigación futura porque la obra si se realizó pero dentro de parámetros pactados entre las partes involucradas, ¡Viva la impunidad!.

Aprovecharemos que está de moda el manejo de encuestas y preguntaremos: ¿Diga si conoce o no, qué significa cupos indicativos? La respuesta será sin duda del 90% por el NO y un 10% por el SI, de aquellos más cercanos al Estado. Explicaré brevemente esta creativa y sofisticada forma de corrupción utilizada por parlamentarios cuando reciben mermelada estatal.

Los padres de la patria crean un elemental proyecto, casi hecho a mano alzada en búsqueda de beneficiar al municipio de sus amores. Lo cuantifican y aprueban con el Ministerio de Hacienda y este último da la orden de giro a la tesorería municipal correspondiente. Allí se presenta el parlamentario de gancho con su amigo contratista, a quien se le vende o adjudica el proyecto previo un desembolso parcial que irá al bolsillo del senador y otro al del alcalde municipal por el mérito de guardar silencio.

La calidad o prioridad de la obra a realizar no importa, porque los interesados ya están servidos. Cualquier parecido con los auxilios parlamentarios vetados y elevados hace unos años a la calidad de delitos es solo coincidencia.

Se habla de la dificultad de demostrar el tipo penal de enriquecimiento ilícito. Esto significa simplemente que un funcionario no pueda justificar el origen de sus ingresos que le haya permitido adquirir algunos de sus activos y con esto se le pueda abrir proceso. La dificultad es solo aritmética y de falta de voluntad investigativa. Es una simple operación donde se comparan los bienes y gastos del funcionario con sus ingresos legales por todo concepto. Esta elemental comparación hecha en forma honesta y exhaustiva por parte de los organismos de control acabaría con la corrupción. Menos ingresos no pueden generar más activos.

Cristine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, declaró en la cumbre anticorrupción, convocada en días anteriores por el Primer Ministro Británico, David Cameron, en Londres, que la corrupción en sobornos mueve cada año entre 1.5 y 2 billones de dólares, tanto en países ricos como pobres y añadió que los sobornos son apenas una parte de todas las posibles formas de corrupción y, por lo tanto, el costo total es muchísimo más elevados.

La corrupción afecta mayormente a los pobres ya que estas personas dependen más de los servicios del Estado. El mayor desafío sucede cuando la corrupción ha permeado una sociedad y las instituciones que deben aplicar la ley se ven comprometidas en su credibilidad e integridad. ¿Será este el caso colombiano?