Vivimos en un país donde la clase política ha generado una inmensa corrupción, que lamentablemente permeó la justicia que debe ser la más sagrada de las instituciones, creando escozor, rabia, dolor, tristeza a los funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial, ver a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia detenido en La Picota, al tiempo que otros dos expresidentes de la misma Corporación,  están siendo investigados por actos de corrupción, así como asombro nacional ante estos hechos que nunca se habían suscitado en la justicia. 

Ciertamente debe hacerse una cirugía a los operadores judiciales, fijando reglas más duras en cuanto al proceso de escogencia, con un concurso de méritos, que clama a gritos la Rama Judicial, por cuanto no permite llegar por concurso a tantos buenos y honestos funcionarios que laboran en el Poder Judicial. 

Se cuenta con la Escuela JudiciaL Rodrigo Lara Bonilla que brinda capacitación a los aspirantes a magistrados y jueces y que les permite en el proceso selectivo inicial  unido a la parte general y especializada de los módulos prepararse para dictar sentencias orales, haciéndose hincapié en la ética, rectitud y transparencia que debe caracterizar a los servidores judiciales, proceso que dura aproximadamente 9 meses, pero permite formar a servidores con conocimiento específico de competencias propias de cada rama.  

Sería oportuno aumentar la edad para llegar por méritos a las Cortes con mínimo 58 años con retiro forzoso a los 70, sin modificaciones, periodos de 10 años, tiempo suficiente para decantar la jurisprudencia y brindar su experiencia al servicio de la justicia. 

Punto esencial es quitar nominación de aspirantes a procurador y Fiscalía por las Cortes cuya función debe ser la de fallar. 

Igualmente, debe desaparecer injerencia del Congreso en el nombramiento de magistrados de la Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, pues allí se vinculan abogados comprometidos con el gobierno, que han laborado y contratado con él, en fin, personas que de por sí con estos actos tendrían impedimento moral para llegar a esos cargos y para fallar, siendo hecho político, que le resta independencia a quienes sean seleccionados para ocupar los mismos.  

El sistema carcelario colapsa debido al alto número de internos, hay hacinamiento, no hay cupo para más detenidos, se requiere frenar los actos de corrupción en las cárceles, influencias estilo la catedral de Pablo Escobar, donde se pagan favores con dinero, la muestra caso reciente del director de la Picota recibiendo suma de dinero por actos de  corrupción. 

Pero no bastan paños de agua tibia para reforma de esta clase, urge crear una comisión de 8 o 10 delegados de Jueces, Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, que planteen soluciones por ser ellos los mejores conocedores de la problemática de la justicia, entre ellos la forma de dilatar los procesos buscando la prescripción. 

El Consejo Superior de la Judicatura permitió la independencia de la rama, de pronto fallas, politización en la Sala Disciplinaria Nacional, afectaron la imagen de una Institución que debe ser el faro de guía de los servidores judiciales, pero, se construyeron Palacios de Justicia, se dotó de computadores a los despachos judiciales, se creó una logística que últimamente se ha venido a menos por los recortes presupuestales, por ejemplo los muertos por la caída del ascensor en el Palacio de Cali y el otro caso en Florencia afortunadamente sin muertos allí. Todo ello se verá en el debate a la reforma de la justicia.  

El cambio debe ser serio, debatir sobre los problemas logísticos, presupuestales, total independencia de la Rama, no andar mendigando ante Minhacienda unos recursos para jueces de descongestión,  es acá donde debe pensarse en un proceso a mediano plazo de esta problemática, con creación de jueces y empleados por 5 años al menos, que permitan disminuir la morosidad y aplicar cabalmente la oralidad. 

Increíble que la justicia penal que es el reflejo ante el país de la justicia, no cuente cada despacho judicial con su propia sala de audiencia, mientras los civiles, familia y laborales si se luchó para gozar de esa independencia de salas. 

La reforma debe ser desde cambios estructurales de las fallas detectadas, hasta un presupuesto armónico con las necesidades judiciales, que debe ser emblema de toda Nación.    

De pronto puede ser buena la idea gerencial de la Rama, pero, podría pensarse en crear cargos técnicos con abogados que conocen la problemática judicial, para evitar la politización de la misma que equivaldría a festinar la labor judicial en sí, reformando el Consejo Superior de la Judicatura.