El miércoles de la semana que pasó, un ciudadano manifestó su intención de crear una veeduría de la movilidad, orientada a fiscalizar a los tránsitos, y a los puestos de control de la policía.

El líder de la propuesta, reconoce que la gran mayoría de los conductores de motocicleta, son personas que infringen las normas y además, ni la misma autoridad conoce cuántos de estos vehículos se encuentran transitando en la ciudad.

Propone el establecimiento de una forma de capacitación, control y apoyo educativo. 

Considera, que la Policía Nacional muchas veces viola la norma porque “jamás ponen sanciones con fines educativos y preventivos, sino que todo se vuelva en la necesidad del recaudo, es un fin lucrativo”.

Al respecto, es importante destacar el espíritu de colaboración y civismo que le asiste al promotor de la veeduría, al reconocer múltiples falencias de tan importante grupo de personas que utilizan como medio de transporte, la motocicleta. 

También, el valor civil de asumir una acción que es competencia de la autoridad, por cuanto se trata de un problema de seguridad en cada jurisdicción. 

Ahora, es innegable que la falta de cultura ciudadana es parte del problema y de ahí que la propuesta del veedor apunta a su mejoramiento y en eso no se les pueda dejar solos, sino por el contrario, definir estrategias conjuntas con metas y alcance perfectamente definido.

También es necesario recordarle al ciudadano, que las sanciones por violar las normas de tránsito, establecen una reducción porcentual cuando se acepta la infracción y si deja pasar el plazo, ingresará a las estadísticas de infractores, consignadas en el SIMIT.

En cuanto a los cursos que señala la norma y que son dictados actualmente, merecen una columna aparte dado su escaso aporte educativo. 

Por otra parte, es cierto que el seguro obligatorio es costoso, pero no tanto ni tan proporcional al gasto que se causa diariamente por los accidentes en los cuales se involucran motociclistas. 

Lo que no que ha quedado muy claro es la veeduría a los controles policiales, puesto que los uniformados atienden únicamente órdenes de sus superiores y por eso, el alcance de la propuesta del veedor, tan solo podrá llegar a conocer el presupuesto de inversión de la Secretaría de Tránsito y su ejecución.